El mundo del trabajo está enfrentándose a una serie de acontecimientos sin precedentes desde la irrupción del COVID-19. Decenas de empresas estratégicas están sumiendo víctimas del virus y han tenido que recurrir a expedientes de regulación temporales de empleo para salvarse. Hoy hemos sabido que Iberia ha presentado un ERTE que supondrá una reducción del 90% de su plantilla —lo cual incluiría reducciones de jornada. La ex compañía de bandera española se suma así a un incesante goteo de empresas estratégicas que recurren a esta medida para salvar los muebles, demostrando que el Estado y el dinero del contribuyente son fundamentales cuando la cosa se pone fea. Los estragos ocasionados por el COVID-19 no están haciendo más que empezar, y la economía nacional aún ha de sufrir muchos más reveses.
En nuestro entorno, países como Francia o Italia han decidido tomar medidas expeditivas para proteger los sectores estratégicos de su economía, comenzando una serie de nacionalizaciones y rescates entre los cuales se incluye la recuperación de las líneas aéreas de bandera —Air France y Alitalia respectivamente. Los gobiernos de estos países han comprendido claramente que el libre mercado —esa quimera que sólo existe cuando los multimillonarios se reparten beneficios— tiene poca cabida en un momento tan crucial como el actual y que, o bien se agarra al toro por los cuernos o la caída será aún mayor. En palabras del ministro de Economía francés Bruno Le Maire: «esto pasa por la capitalización o por una toma de participaciones, nacionalizando si fuera necesario».
Ahora bien, la Unión Europea —que es quien regula este tipo de actividades— estableció un marco de competencia en el cual los estados no podían dar ayudas a las compañías nacionales salvo eventos catastróficos. Por ello, la crisis del COVID-19 ha permitido que esta dé su beneplácito para que las aerolíneas nacionales reciban ayudas estatales ocasionadas por eventos de carácter excepcional como éste, algo vislumbrado en el artículo 107 del TFUE (Tratado Fundacional de la UE).
A pesar de su liquidez, ninguna compañía aérea podría afrontar esta crisis sin la ayuda de los estados. De ahí la oportunidad de los mismos para recuperarlas —como sectores estratégicos que son— y proteger a los trabajadores mediante el control de estas empresas. Permitir que las compañías estratégicas sigan en manos de fondos extranjeros cuyo propósito es el beneficio absoluto es confiar un gallinero a los zorros, ya que estos no dudarán un sólo instante en despedazarlas como una florecilla para que sus inversores no pierdan un centavo. Los puestos de trabajo garantizados por el hecho de que el Estado tenga el control de las empresas son algo fuera de cuestión, y esto debe quedar claro como las aguas del Caribe. Los trabajadores de Iberia que están llevando adelante la operación jugándose su propia salud merecen un escenario de seguridad laboral. La derrota del neoliberalismo es tal que el paradigma económico indica un nuevo ciclo en el cual los estados volverán a tomar las riendas de sus sectores estratégicos —algunos nunca dejaron de hacerlo. Toca eso o jugársela en el casino de los especuladores. Es hora de que España aproveche la coyuntura y recupere lo que nunca debió perder, e Iberia es parte del patrimonio de todos los españoles y fruto del trabajo de varias generaciones. Ese patrimonio ha de ser arrebatado de las manos de especuladores y extranjeros cuya vinculación con nuestra patria no va más allá de abrir la saca para extraer sus riquezas.