¿Por qué lo llaman ‘nacionalización’, cuando quieren decir rescate?

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D. Fernández
Ingeniero y marxista, convencido de que un mundo mejor es posible y está a nuestro alcance.

Pasado el primer shock que provocó la dimensión sanitaria de la crisis del coronavirus, y ahora que, con esfuerzo, sacrificio y a un alto precio, parece que estamos consiguiendo doblegar la curva – aunque aún está por ver qué consecuencias tendrá la apresurada vuelta al trabajo que ha tenido lugar después de Semana Santa -, la dimensión económica de la pandemia empieza a cobrar forma. Después de la Gran Recesión del 2008, el crash provocado por el COVID-19 amenaza con empequeñecer aquella última gran crisis, que aún colea y cuyas consecuencias siguen estando muy presentes para amplias capas de la mayoría social trabajadora.

Muchas son las voces que ya advierten de las durísimas consecuencias que el parón económico puede tener: para economistas como Michael Roberts o Pierre-Olivier Gourinchas la contracción económica podría alcanzar un 10% interanual, una cifra que representaría un impacto de aproximadamente el doble del de la última gran crisis. Estas son, al menos, las estimaciones actuales. Pero, cuanto más se demora la respuesta a la pandemia, cuanto más incapaces se muestran gobiernos como el de Estados Unidos o el del Reino Unido para impulsar las medidas de confinamiento necesarias, controlar la propagación, y garantizar el tratamiento, más hondo es el foso en el que se hunde la economía occidental – y, con ella, la del mundo.

No es de extrañar, por tanto, que a las llamadas de alerta se hayan sumado ya sugerencias y propuestas para afrontar esta situación crítica. Muchas propuestas que, durante mucho tiempo, han permanecido en los márgenes de la arena política se convierten ahora en términos que se escuchan con cierta frecuencia en el debate público. La nacionalización, estigmatizada durante décadas por el neoliberalismo, proscrita por los tratados europeos y denunciada por los adalides de la privatización como una amenaza para la economía, está ahora sobre la mesa. Aunque el Gobierno de Sánchez aún no se ha pronunciado al respecto, sí lo han hecho altos funcionarios europeos como Josep Borrell, que hablaba recientemente de la posibilidad de nacionalizar (temporalmente) algunas empresas, o gobiernos como el francés o el italiano. Ninguno de ellos, sin embargo, ha defendido nunca, en ninguna ocasión, la necesidad de mantener servicios, infraestructuras y sectores clave de la economía lejos de la lógica de mercado, sino más bien al contrario. ¿A qué se debe este cambio tan repentino? ¿Está realmente la nacionalización sobre la mesa?

¿Qué quiere decir ‘nacionalizar’?

En ciertos círculos de la izquierda, ‘nacionalizar’ es una palabra de uso frecuente, aunque tiene más de consigna vacía y cómoda que de propuesta elaborada y seria. No es extraño escuchar a algunos, especialmente en conflictos sindicales en los que hay un gran número de puestos de trabajo – o incluso la supervivencia misma de la empresa – en juego, demandar nacionalizaciones a troche y moche. Pero fuera de esos círculos, se escucha poco hablar de algo parecido.

Según el diccionario de la RAE, la nacionalización es la acción y efecto de nacionalizar, que, a su vez, implica hacer pasar a depender del Gobierno de la nación propiedades industriales o servicios explotados por particulares. Es decir, convertir en público algo que es privado: básicamente, el proceso inverso al que se viene aplicando desde hace ya muchos años en España y en Europa, cediendo cada vez más sectores y espacios a la iniciativa privada.

¿Por qué o para qué se querría nacionalizar una empresa? En el contexto actual de una pandemia, existen varias razones. La primera de ellas, porque es una industria clave que es fundamental para garantizar una respuesta adecuada a la crisis sanitaria. Sería, por ejemplo, el caso de las empresas fabricantes de respiradores, o de las textiles que se encargan de la producción de EPIs. Lamentablemente, la globalización ha dejado bajo mínimos nuestra industria, lo que a su vez nos ha obligado a transformar, a toda prisa, todo tipo de fábricas y plantas para que puedan producir las mercancías necesarias para luchar contra el virus. La sanidad privada también podría haber resultado susceptible de ser nacionalizada para aumentar los recursos disponibles en primera línea de la lucha contra el virus. Las autoridades españolas, en cambio, optaron por un plan de supuesta coordinación entre entidades sanitarias públicas y privadas que repartiría el esfuerzo. A pesar de venderse a bombo y platillo ha terminado resultando en una sobrecarga para la sanidad pública… con más de 2.200 camas libres en la privada. Esta vía de nacionalización positiva, destinada a aumentar los recursos que tendríamos a mano para frenar el virus, ha sido denegada y denostada. Únicamente desde Unidas Podemos se han hecho tímidas tentativas en esta línea, apelando al famoso artículo 128 de la Constitución, que hasta ahora no han tenido ningún recorrido.

Pero existe otra razón para nacionalizar una empresa. Si se trata de una entidad demasiado grande o relevante para la economía, de tal magnitud que su caída podría tener graves consecuencias, los estados, incluso los liberales – especialmente los liberales -, pueden plantearse la posibilidad de entrar en el accionariado y asumir las deudas para evitar el colapso. De esta manera, las pérdidas se socializarían y sería el erario público – es decir, todos nosotros – los que terminarían pagándolas. Esta fue una respuesta frecuente tras la Gran Recesión de 2008. Uno de los ejemplos más sangrantes es el de General Motors, el gigante automovilístico estadounidense, que amenazaba con quebrar en 2009, bajo el peso de una asfixiante deuda multimillonaria. Para evitar que una empresa clave, con casi 50.000 empleos directos, desapareciera, el gobierno de Obama entró en el accionariado, aportando 51.000 millones de dólares a cambio de una participación equivalente al 60.8%. Una vez saneada la empresa, con un coste gigantesco que se repartieron entre los propios trabajadores y toda la sociedad americana, en apenas un año volvía a manos privadas: en 2010, la administración americana reducía su participación hasta el 36.9%, y para 2013 ya había desaparecido como accionista.

Seguramente, muchos españoles nos veamos representados en esa historia. En la misma crisis, en 2008, nos enteramos de que una serie de prácticas depredadoras habían llevado a la banca a una situación crítica, acumulando millones de euros en los denominados ‘activos tóxicos’. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se encargaron de absorber los miles de millones de euros necesarios para rescatar, entre otros, a Bankia, Caixa Catalunya, la Caja de Ahorros del Mediterráneo o NovaCaixa Galicia. Bankia, la mayor de las entidades rescatadas, sigue siendo mayoritariamente pública, aunque la administración española ya acometió una primera reducción de su participación (del 67.6% al 60.6%, en 2017) y está comprometida a una privatización total para 2021. De ser así, se repetiría el esquema de General Motors: socialización de pérdidas, y privatización de beneficios.

Josep Borrell, en sus propias declaraciones, compartía estos objetivos, apostando por la nacionalización temporal de empresas en situaciones críticas para evitar su colapso, sanearlas, y volver a privatizarlas. La nacionalización planteada por los burócratas europeos y los liberales es, en realidad, un nuevo rescate, un mecanismo de transmisión de riqueza desde la mayoría social – que asume las deudas y recupera estas empresas – hacia una minoría de superricos – que recibe una empresa recuperada y funcional.

¿Vamos a volver a pagar los de siempre?

La Gran Recesión del 2008 aún se deja notar en nuestra economía. Las cifras macroeconómicas dieron signos de recuperación en torno al 2015, aunque ya antes de la pandemia la economía daba nuevas muestras de agotamiento y las previsiones de una recesión empezaban a escucharse con fuerza. Sin embargo, en lo relativo a la economía de las familias trabajadoras, no ha llegado a producirse una recuperación real.

En primer lugar, los cambios estructurales necesarios para recuperar la ‘competitividad’ de la economía española ni siquiera han empezado a revertirse. Las reformas laborales del 2010 y del 2012 siguen en vigor. La derogación de ‘los aspectos más lesivos’ no desmonta un mercado laboral basado en la precariedad, la temporalidad y los bajos salarios, reforzado por el despido fácil y la incapacidad del estado de garantizar que se cumple el resto de la ya de por sí exigua legislación laboral, con una Inspección de Trabajo desbordada cuyos recursos son insuficientes. Cada año se siguen haciendo millones de horas extra no pagadas – más de 2.500.000 por semana en el cuarto trimestre de 2019 – incluso a pesar de la legislación para el registro de jornada. El tejido laboral español, por tanto, está especialmente expuesto ante la nueva crisis. Los primeros empleos en desaparecer han sido los más precarios, los temporales, contratos que se han extinguido sin más, dejando a los trabajadores desprotegidos y sin vistas de reincorporarse a un mercado laboral contraído por la paralización. Pero el impacto puede ser mucho mayor. El Gobierno tampoco ha prohibido el despido durante la pandemia – tan sólo lo ha encarecido. Hay un miedo lógico entre muchos trabajadores a que el ERTE de hoy se convierta mañana en un ERE. Nuestros sectores estratégicos, como el turismo o la industria automovilística, se encuentran entre los que más impacto van a sufrir.

El problema va, incluso, más allá. Las graves desigualdades que salieron a la luz al generalizarse después de la crisis del 2008 no sólo no se han remediado, sino que amenazan con agravarse. De los miles de millones que invertimos en el rescate bancario, apenas hemos visto unos centenares de vuelta. Los recortes que tuvimos que hacer para pagarlo, que dejaron nuestros servicios públicos en una situación cuanto menos inestable, tampoco se han revertido, y ahora muestran toda su crudeza con un sistema sanitario desbordado en el que los aplausos de cada tarde vienen acompañados de contratos de semanas o meses para unos enfermeros y médicos que, por si fuera poco, denuncian la escasez de EPIs para protegerse. Las residencias, muchas de ellas privatizadas, se han convertido en focos de infección, dejando centenares de fallecidos, precisamente, entre los más vulnerables. Y mientras tanto, miles de dependientes y personas mayores atraviesan la pandemia prácticamente solos, sin poder salir de casa con ayudas y recursos mínimos.

El llamado Escudo Social que ha levantado el Gobierno es un soplo de aire fresco para todos estos sectores especialmente vulnerables, pero la capacidad de un estado económicamente desarmado para garantizar la financiación, la capacidad administrativa y la cobertura necesaria para este tipo de programas es, cuanto menos, dudosa. La financiación europea – los famosos coronabonos – no acaba de llegar y, por si fuera poco, algunos parecen dispuestos a rescatar a todas las grandes empresas que lo necesiten, cargando sobre las espaldas de la mayoría social trabajadora un nuevo desembolso de miles de millones de euros que pagaremos con nuestros puestos de trabajo, nuestros empleos, nuestros salarios y nuestros servicios públicos. De proceder así, el shock económico puede convertirse en una auténtica catástrofe social, una depresión de dimensiones no vistas, tal vez, desde 1929.

Nacionalización: el rescate social

Los burócratas y los superricos europeos quieren convertir la nacionalización en un rescate para los superricos, un rescate pagado por una población trabajadora cuya capa inferior ya está al límite. Una mayor presión sobre los trabajadores podría provocar que esta capa inferior se vea condenada, de forma directa, a la miseria, mientras que las capas intermedias se verán empobrecidas y perderán calidad de vida. Mientras miles de millones de euros van a parar a los Consejos de Administración, millones de trabajadores perderán sus puestos de trabajo, y centenares de miles de pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas pertenecientes a autónomos y trabajadores por cuenta propia, se verán obligadas a echar la persiana. La polarización social, entre esa minoría privilegiada de grandes empresarios rescatados y la mayoría trabajadora que pagaría el rescate, se vería acrecentada. Los daños para nuestra sociedad sólo serían comparables con los daños para nuestra economía, que podría verse permanentemente desequilibrada.

Los socialistas queremos que la nacionalización sea la principal herramienta para el rescate social. Que sean los superricos, los billonarios, los que asuman las consecuencias de la crisis con sus enormes fortunas y patrimonios, y que la mayoría trabajadora vea garantizados sus empleos y condiciones de vida. La nacionalización nos permitiría poner al servicio del interés común enormes cantidades de recursos, los suficientes como para crear un verdadero Escudo Social que garantice la protección de millones de personas. Un tejido industrial público no sólo podría garantizar el empleo, sino que además serviría para ofrecer dividendos sociales – beneficios que hoy en día se reparten los accionistas, y que irían a parar a las arcas públicas, para refinanciar nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestras residencias y nuestros programas de dependencia. A su vez, una clase trabajadora con poder adquisitivo y seguridad laboral revitalizaría el tejido microeconómico, permitiendo que los pequeños y medianos empresarios mantengan su actividad.

La crisis del coronavirus va a atravesar por completo nuestra sociedad, provocando cambios profundos. No es la única. Cuando acabe la emergencia sanitaria, cuando se encuentre por fin una vacuna, los retos colectivos – como el cambio climático – que ya afrontábamos antes de que esto estallara seguirán ahí. E, incluso, se habrán agravado. La nacionalización socialista no sólo nos permitiría amortiguar el daño de esta pandemia y minimizar sus secuelas, sino también afrontar estos retos con más preparación y con más recursos, con una red de propiedad pública capaz de coordinar amplios sectores de la economía para ponerlos a funcionar, de forma organizada y planificada, con un mismo objetivo. Una red de estas características podría afrontar el esfuerzo económico y el desembolso necesario para poner en marchas las medidas de transformación profunda que nuestra sociedad ya necesitaba antes del coronavirus, y que necesitará aún más después de la pandemia.

Pero para que eso ocurra, los trabajadores no podemos confiar en nadie más que en nosotros mismos. Si queremos que la nacionalización sea la punta de lanza del rescate social, es imprescindible que sea la propia mayoría trabajadora la que tome el control en sus manos; para que la nacionalización no termine derivando en un saneamiento a costa de las arcas públicas, es imprescindible implementar medidas de control democrático por parte de las plantillas y del conjunto de la sociedad, convirtiendo cada Consejo de Administración en un Parlamento. Y debemos ir más allá: la nacionalización no debe limitarse a las empresas amenazadas por la quiebra, sino dirigirse precisamente a aquellas que actúan como motores de la economía, para garantizar dividendos sociales y permitir la recuperación de los sectores más golpeados por la paralización.

Nos enfrentamos a un reto histórico, que probablemente cambie de raíz la forma en que vivíamos. Millones de personas están sufriendo ya, de forma directa, las consecuencias de esta crisis, ya sea porque han perdido a familiares, porque han perdido sus trabajos, o porque ellos mismos están enfermos. Podemos agachar la cabeza, aceptar el destino que los accionistas y directivos de las grandes empresas tengan para nosotros, y pagar un precio tan alto que no somos capaces de imaginarlo… o podemos tomar el control de nuestras vidas, y superar juntos esta amenaza, sin que nadie se quede atrás. Lo que hoy está en juego es quien va a ser rescatado, y quien va a pagar el rescate. En 2008, pagamos los trabajadores y los superricos fueron los rescatados. En 2020, no tiene por qué ser así.

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