Las recientes protestas en Estados Unidos contra las medidas de prevención del coronavirus – la cuarentena, el aislamiento social, y el consiguiente cierre de los pequeños negocios – atrajeron la atención de muchas personas alrededor del mundo por lo aparentemente absurdo e inapropiado de las mismas. En un país que se ha puesto rápidamente a la cabeza en las cifras de fallecidos, con una infraestructura sanitaria más que deficiente, y con un presidente que prácticamente recomendó inyectar gel desinfectante a los enfermos, parece que lo último que debería estar sobre la mesa es la relajación de las medidas preventivas. Y, sin embargo, las protestas se repitieron en varios puntos del país.
Aunque es cierto que no son más que una minoría alterada que entremezcla las teorías de la conspiración con un liberalismo que roza la eugenesia – uno de los carteles que exhibía una manifestante se hizo viral por declarar abiertamente que había que ‘Sacrificar a los débiles’ -, la revista socialista americana Jacobin advertía en un artículo reciente sobre el riesgo que podría suponer ignorar las causas subyacentes a estas movilizaciones. Y es que, detrás de estos movimientos contra el confinamiento, se encuentra toda una capa social de pequeños propietarios, comerciantes y trabajadores por cuenta propia, cuya estabilidad económica es tan frágil como la de muchos obreros, sometida a los vaivenes del libre mercado y a la constante presión de los superricos, y que está viendo como su propia supervivencia está en juego. Para muchos de estos negocios, cerrar durante dos o tres meses, sin contar con ninguna forma alternativa de recibir ingresos, puede terminar suponiendo un cierre definitivo.
Es cierto que España no es Estados Unidos. Aquí, las medidas de protección social están más extendidas. Existe una red de cobertura de servicios públicos, empezando por la sanidad, que evita que la situación se vuelva tan desesperada. También existen ayudas y subsidios, includía la nueva Renta Básica de reciente aprobación. Eso, unido al hecho de que contamos con una sociedad más comprometida, ha aislado las críticas contra el confinamiento hasta hacerlas muy minoritarias. Existen ciertas redes y grupos, especialmente en aplicaciones de mensajería, en las que circulan todo tipo de propuestas descabelladas y teorías absurdas, pero por ahora no parece que se hayan hecho un hueco en el debate público.
A pesar de todo, diversos estudios reflejan que es probable que esta capa de pequeños propietarios sea una de las más afectadas por la pandemia. Una encuesta de Electomanía reflejaba que un 57,6% de los españoles creen que las PYMEs y los autónomos serán, de hecho, los que más sufran las consecuencias de la crisis, seguidos por los trabajadores temporales con un 27,9%. Entre el 20 y el 30% de los pequeños negocios, si no reciben ayuda, podrían verse obligados a cerrar de forma definitiva antes de verano, según denuncian desde la Confederación Española de Comercio. Nos encontramos por tanto con un panorama en el que miles de personas podrían perder su forma de ganarse la vida, sin que se les ofrezca una solución alternativa. Personas a las que la izquierda llega con dificultades y que, además, arrastran concepciones ideológicas propias de sus condiciones de trabajo – y de vida – que muchas veces son contradictorias con lo que la izquierda defiende y propone.
La crisis del coronavirus no va a hacer más que acelerar un proceso que lleva operando de forma paralela a la concentración de capitales desde que ésta se desató a raíz de la revolución industrial: la proletarización de estas capas intermedias. Los pequeños negocios se ven poco a poco arrasados por la competencia desleal de las grandes multinacionales, cuya presión fiscal proporcional es insignificante en comparación, y que cuentan con mucha mayor capacidad de inversión para introducir nuevas tecnologías y aumentar su productividad… y para sobreponerse a golpes como esta pandemia. Con una izquierda que arrastra importantes deficiencias organizativas, estos pequeños propietarios proletarizados se convierten con facilidad en la infantería de la extrema derecha.
Es urgente, por tanto, que la izquierda empiece a diseñar una estrategia para evitarlo. Al tiempo que trabajamos para aumentar y cohesionar nuestra base social, debemos debilitar la del enemigo. La burguesía no es una clase homogénea: está compuesta por varias capas, cada una con intereses distintos, y que en muchas ocasiones entran en contradicción. Explotar esas contradicciones es clave para ganar a los sectores inferiores para el campo popular-democrático.
Pongamos, por ejemplo, el caso de uno de estos pequeños propietarios. Para muchos de los pequeños negocios, en los que la plantilla es reducida – en muchas ocasiones hablamos, incluso, de una única persona – el alquiler es uno de los principales gastos. Estos pequeños negocios deben pagar su alquiler a los grandes propietarios. Su problema no es muy diferente del que ha impulsado el movimiento por la vivienda: fondos buitre, grandes tenedores e incluso aristócratas que concentran centenares de pisos y locales comerciales y los alquilan a precios cada vez más desorbitados. Una de las reivindicaciones más importantes del campo popular-democrático, en materia de vivienda, es la creación de un parque público con alquileres sociales.
¿Por qué no se hace extensiva esa medida para los pequeños propietarios? Expropiar los locales comerciales y crear un parque público, con alquileres sociales, significaría para muchos pequeños propietarios una diferencia abismal en sus facturas que, en condiciones tan difíciles como las de una pandemia, podrían suponer la diferencia entre la supervivencia del negocio y el cierre definitivo. Podría ser además el primer paso en la creación de una red de colaboración público-privada que terminara socializando otros gastos, como la distribución, el suministro eléctrico, o incluso la creación de plataformas públicas de e-commerce que ofrezcan nuevos nichos de mercado para estos pequeños propietarios, y servicios más accesibles para los usuarios. Una capa de pequeños propietarios honestos, trabajadores, con seguridad económica y estabilidad financiera vinculada a lo público, a lo común, no sólo drenaría las fuerzas de la extrema derecha, sino que reforzaría el campo democrático-popular.
Reconocer que la clase obrera es el agente social del cambio es una cosa; negar que existan otras fuerzas sociales que puedan colaborar en ese cambio es otra muy distinta. Y en esa diferencia, nos estamos jugando el partido. La factura de esta crisis corresponde, única y exclusivamente, al IBEX35 y a los superricos: ni a la clase obrera, ni a los sectores intermedios.