Hablemos de contexto. En el año 2012, los efectos de la crisis económica iniciada en el 2008, se dejaban ver con una claridad abrumadora no solo en nuestro país, sino también en el resto de países de la Unión Europea. Estas, se vieron acentuadas aún más tras la crisis de la zona euro del 2010, marcada por la inestabilidad de la deuda de países como Grecia, Irlanda o Portugal.
La respuesta de muchos de los gobiernos nacionales de los países miembros de la UE fue la de la austeridad presupuestaria, traducida en los famosos “recortes” en servicios públicos como la sanidad o la educación. En este sentido, es fundamental entender estos servicios como un elemento de redistribución de la riqueza y como garantía de acceso a servicios básicos para cualquier trabajador, que de otro modo no serían accesibles. No hay más que echar un ojo al sistema de salud estadounidense, que garantiza solamente el derecho a la sanidad a aquellas personas que pueden permitirse un seguro de salud que por lo general, no son accesibles a los sectores populares de dicha sociedad.
Lejos de mejorar, la situación laboral a lo largo de Europa también dejaba mucho que desear. En un escenario marcado por una tasa altísima de desempleo (especialmente entre los jóvenes) y el deterioro de la negociación colectiva en favor de los empresarios empeoró notablemente las condiciones laborales de la gran mayoría de los trabajadores, haciendo de la precariedad laboral, la regla.
A pesar de que las medidas tomadas por los distintos gobiernos de la zona euro fueron diferentes, podemos entenderlas dentro del marco general que se ha descrito anteriormente. Medidas que favorecieron la desigualdad social y la concentración de la riqueza en manos de las élites de cada país. En muchos de los casos, estas medidas fueron respaldadas y coordinadas (y siguen siéndolo) por las propias instituciones de la Unión Europea.
Ante esta situación, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) hizo un llamamiento a sus miembros, para convocar una jornada de lucha a nivel europeo el día 14 de noviembre de 2012, la primera de estas características en su historia. Esta decisión fue tomada el 17 de octubre por el Comité Ejecutivo de la CES, haciendo esta convocatoria lo más flexible posible, dejando a los sindicatos nacionales la decisión a la hora de convocar las acciones.
Así, la convocatoria estuvo marcada por la disparidad de las movilizaciones, pero también estuvo marcada por el hecho de que a lo largo de la Unión Europea, se logró aglutinar a una parte importante del movimiento sindical bajo una serie de reivindicaciones muy claras, y que giraban en torno al rechazo a las medidas de austeridad, el refuerzo de la negociación colectiva, y la necesidad de un cambio de dirección en las políticas europeas, para que estas se orienten hacia la solidaridad y el progreso social.
En Grecia, uno de los países mas afectados por la crisis del 2008, las dos principales centrales sindicales, la GSEE y ADEDY, convocaron un paro parcial, para el 14 de noviembre. No era la primera que se convocaba ese mismo año (los días 6 y 7 del mismo mes fue convocada una huelga general de 48h), sin embargo, ambos sindicatos decidieron sumarse a la convocatoria de la CES con un paro de cuatro horas, haciendo especial hincapié en la crítica hacia los durísimos paquetes de medidas establecidos por la “Troika” europea, que sugería la ampliación de la semana laboral hasta los 6 días, el aumento de la edad de jubilación o la reducción de las prestaciones por desempleo y jubilación.
La CGIL, una de las principales centrales sindicales de Italia, también se sumó a esta jornada de lucha en el mismo formato que sus correligionarios griegos, convocando un paro parcial de cuatro horas, con varias manifestaciones a lo largo del país. El epicentro de estas movilizaciones se situó en la acería de Terni, amenazada con su cierre debido a que ThyssenKrupp le resultaba más económico cerrar la planta que afrontar la multa que la UE le impondría por sus prácticas monopolísticas. De este modo, y usando el caso concreto de esta planta, la CGIL hizo especial hincapié en la necesidad de una europa comprometida con el derecho al trabajo y la solidaridad.
Por otro lado, en Portugal, la CGTP (Confederación General de los Trabajadores de Portugal) hizo un llamamiento a la huelga general, en su caso, de 24 horas bajo el lema “Contra la explotación y el empobrecimiento; cambiar las políticas por un Portugal con futuro”. Sus reivindicaciones particulares siguieron la misma línea que el resto de sindicatos que se unieron a esta jornada de lucha: contra los recortes del presupuesto para el año 2013, la desregulación de las horas extraordinarias, y el despido fácil y barato para el empresario. Además, llama especialmente la atención el hincapié que se hizo desde la principal central sindical portuguesa para señalar el carácter fundamental de esta huelga, enmarcándola en la ofensiva del capitalismo contra los trabajadores y la intensificación de la lucha de clases.
En nuestro país, CCOO y UGT también convocaron una huelga general de 24 horas, la segunda del año 2012. Asumiendo como propias las reivindicaciones de la CES, los españoles también aprovechamos esta jornada de lucha para seguir exigiendo la derogación de la refoma laboral del PP, aprobada a comienzos de ese mismo año.
En otros países de Europa, como Lituania o Bélgica, se convocaron huelgas sectoriales, concretamente en el sector transportes, llegando incluso a paralizar por completo el tráfico ferroviario en grandes zonas del país en el caso Belga. Asimismo, como muestra de rechazo a las políticas de austeridad y antisociales promulgadas por la UE, se convocó una concentración a las puertas del parlamento europeo.
En líneas generales, la jornada de lucha propuesta por la CES puede considerarse como un avance en el camino de la lucha colectiva en el plano supranacional europeo.
A pesar de que el año 2012 puede parecernos lejano en el tiempo (a unos más que a otros), las problemáticas a las que se enfrentaron los sindicatos europeos el 14N continúan vigentes, por desgracia. La precariedad laboral, el abaratamiento del despido y la falta de recursos de los servicios públicos continúan siendo problemas del año 2020, y siguen siendo comunes en nuestros países vecinos. La crisis sanitaria desatada por el Coronavirus ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de una mayor protección del derecho al trabajo y al acceso a unos servicios públicos de calidad y universales para garantizar una vida digna para todos.
La estrategia elaborada por la CES, llamando a una jornada de lucha a nivel europeo, parece en este sentido una buena medida de presión para garantizar estos derechos básicos. En una Unión Europea más preocupada por convertirse en un actor geopolítico a la altura de China, Rusia y los EEUU a base de austeridad para unos, y ventajas fiscales para otros; la aprobación de medidas colectivas para paliar los efectos de esta crisis sobre los trabajadores, parece algo difícil. No hay más que ver las dificultades que están surgiendo a la hora de crear bonos de deuda europeos, los “coronabonos”.
En este escenario, continuar caminando en la dirección de una mayor intervención de los trabajadores a escala de la UE parece una buena orientación. La Unión Europea es un escenario político que, al igual que cualquier otro, es un lugar en el que se manifiesta la correlación de fuerzas entre las dos grandes clases antagonistas, y en el que se deciden asuntos que nos atañen en nuestro día a día, en base a esta correlación.