Una contribución socialista al debate sobre la Renta Básica Universal

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D. Fernández
Ingeniero y marxista, convencido de que un mundo mejor es posible y está a nuestro alcance.

Después de un breve repunte en su popularidad, a mediados de la década pasada, la Renta Básica Universal parecía haber desaparecido del debate. Sin embargo, la crisis del coronavirus, y su tremendo impacto económico, han desbordado el marco neoliberal y han dado pie a plantear otras vías de gestión económica, en las que el Estado – la iniciativa pública – está llamado a ocupar una posición, en mayor o menor medida, fundamental. Aunque nos encontramos en un contexto favorable para repensar la economía, no deberíamos llevarnos a engaño: tampoco entre las filas de los opositores al neoliberalismo hay claridad ni consenso sobre cómo debería hacerse. Las señales de agotamiento económico, previas a la pandemia, empezaban a ser cada vez más numerosas. Sin embargo, de no ser por las condiciones excepcionales derivadas del Covid-19, el descrédito del modelo neoliberal no habría sido tan absoluto.

No estábamos, por tanto, preparados para una guerra de posiciones a gran escala. Más allá de lo previsible o imprevisible de esta crisis, la realidad es que el campo democrático-popular está desorganizado y atravesado por contradicciones ideológicas que aún tienen que resolverse, con una fuerte influencia del propio neoliberalismo que dificulta nuestra capacidad para romper con el modelo actual.

La historia, por desgracia, no espera. La pandemia ha llegado ahora, en este momento tan complicado. Y, conscientes de que nos encontramos con una oportunidad única para recuperar posiciones, buscamos desesperadamente la forma de hacerlo, porque sabemos que hay otros actores esperando su turno. Es en esa búsqueda apresurada de soluciones cuando la Renta Básica Universal parece, de nuevo, ser asumida por ciertos sectores de la izquierda, que encuentran en esta herramienta la palanca con la que mover el mundo. Para los socialistas, por el contrario, supone más dudas que certezas.

Aclarando conceptos

El primer problema que surge a la hora de abordar el debate sobre la Renta Básica Universal es la enorme confusión que existe alrededor de esta propuesta. Hemos oído hablar de Renta Básica, de Renta Mínima de Inserción, de Ingreso Mínimo Vital… Los términos bailan, y también las ideas. Es fundamental aclarar de qué estamos hablando para poder afrontar un debate honesto y en condiciones.

La Renta Básica Universal es, en esencia, una asignación monetaria que se hace a todo ciudadano por el hecho de serlo. Es decir, es incondicional y, como su nombre indica, universal. Todos, sin importar sus condiciones laborales o de renta, la reciben. Una medida de esas características no se ha aprobado ni aplicado en ningún país ni en ninguna región del mundo. No obstante, se han conducido algunos experimentos prácticos. Finlandia, que recientemente anunciaba el fin de su estudio, publicando las conclusiones derivadas de éste, es uno de los casos más conocidos.

La Renta Básica Universal, o RBU, no es la única opción. Otras propuestas similares, que consisten en alguna forma de ‘salario social’ para aquellos que están en situación de vulnerabilidad, sí se han puesto en marcha. Es lo que se denomina Ingreso Mínimo Vital, que defendía recientemente Pablo Iglesias en una entrevista con el Financial Times y que aparentemente contaría con el apoyo de Portugal e Italia, y que consiste en un programa de ayudas públicas para aquellos cuyos ingresos – tengan o no trabajo – no les permiten alcanzar un determinado umbral. En el País Vasco y Navarra, por ejemplo, existen programas de este tipo.

La Renta Básica Universal, por ahora, no ha dado el salto a la primera línea discursiva, como sí ha ocurrido con el Ingreso Mínimo Vital. Las diferencias de financiación entre una y otra propuesta son considerables. Mientras que Escrivá, el ministro de Seguridad Social, afirma que el proyecto de Ingreso Mínimo Vital, cifraba en 3.000 millones de euros el importe de esta medida, los estudios sobre la RBU plantean un coste diez veces superior, de en torno a los 30.000 millones de euros1.

El caso finlandés

Finlandia, uno de los países asociados con el ‘modelo nórdico’ de bienestar social, que suele tomarse como referencia en materias como la educación pública, puso en marcha un proyecto de investigación con una Renta Básica Universal, comparando un grupo que recibiría dicha prestación y un grupo de control para analizar la evolución de distintos parámetros y así evaluar la utilidad de la RBU. Entre las variables estudiadas se incluyeron el bienestar económico y mental o la empleabilidad. Los resultados, que se publicaron a comienzo de mayo, son bastante interesantes.

En primera instancia, el estudio destaca las diferencias en relación al bienestar económico y mental. Mientras que en el grupo de control un 52% declaraba vivir razonablemente bien o bastante bien, en el de los beneficiarios de la RBU ese porcentaje aumentaba hasta el 60%; entre los integrantes del grupo de control, un 32% se sentía ‘deprimido’, mientras que entre los beneficiarios de la RBU el porcentaje descendía al 22%; preguntados por cómo evaluarían su satisfacción con la vida, los beneficiarios de la RBU respondieron con una media de 7.3/10, mientras que la media en el grupo de control fue de 6.8/10.

La primera lectura de los resultados es evidente: tener una fuente de ingresos estable y garantizada mejora la calidad de vida de las personas. Teniendo en cuenta que los participantes en el estudio – seleccionados de forma aleatoria y no voluntaria – eran demandantes de empleo – es decir, personas para las cuales la incertidumbre y la inseguridad económica eran una constante – el impacto positivo es lógico. No obstante, de acuerdo con los autores del estudio, no es posible afirmar con certeza que la mejora en el bienestar del grupo de estudio se debiera específicamente a la Renta Básica que recibían.

En relación a las variables de empleo, en cambio, las conclusiones fueron considerablemente más modestos. La Renta Básica Universal apenas había mejorado las condiciones de vida de aquellos que venían de una situación previa complicada. El impacto sobre el empleo fue prácticamente insignificante. Es revelador, a pesar de todo, cómo algunos de los beneficiarios respondieron a esta inactividad buscando otras formas de participación social, como el trabajo voluntario o de cuidados: es decir, trabajos en los que, de alguna forma, tenían el control y la capacidad de decidir sobre su implicación y condiciones laborales.

Lo posible y lo viable

Un cálculo rápido sobre la Renta Básica Universal nos permite hacernos una idea de la magnitud de recursos de los que estamos hablando. Estudios económicos, como el de D. Raventós, L. Torrens y J. Arcarons – Renta Básica Incondicional: una propuesta de financiación racional y justa -, ofrecen vías para la financiación de una RBU de cantidades variables calculada en función del umbral de la pobreza con una reforma del IRPF que haría que el pago de la misma recayera sobre el tercio más rico de la sociedad, movilizando un importe de unos 30.000 millones de euros.

Más allá de los detalles técnicos de la propuesta, cabe preguntarse si es viable, dada la correlación de fuerzas actual, llevar a cabo un trasvase de riqueza de esa magnitud desde los sectores más acomodados hacia los más vulnerables. Es bastante probable que un aumento de la presión fiscal de esas características resultase en una fuga masiva de capitales, y eso siempre y cuando los superricos ‘entregasen’ sin más el país. Lo más probable es que un proyecto de esas características no sólo produjese una fuga de capitales, sino también una huelga de inversión y otras medidas de presión que terminarían haciendo insostenible la situación de un Gobierno que aprobase una medida así.

Hay, por tanto, dos posibilidades: o impulsamos una gran organización de base, un movimiento amplio que sea capaz de cambiar la correlación de fuerzas y permitir que una medida de estas características se imponga contra la voluntad de los superricos, o bien, dado el estadio actual de la lucha de clases, sacamos adelante un programa de Renta Básica Universal mediante la ‘racionalización del gasto’ – lo cual supondría, inevitablemente, el desmantelamiento del Estado del bienestar.

Incluso si aceptásemos que, efectivamente, hemos logrado cambiar la correlación de fuerzas con una extensa y profunda organización y movilización de la mayoría social trabajadora, todo proyecto de redistribución de la riqueza que no apunte al eslabón clave – la creación de esa riqueza – es difícilmente sostenible. Al final, más allá de los juegos de manos fiscales que se puedan hacer sobre el papel, que lo sostiene todo, no podemos olvidar que son el trabajo y la naturaleza los que crean la riqueza. Y que, a día de hoy, ambos están en manos de la minoría de superricos a la que se pretende hacer pagar la RBU: es difícil redistribuir la riqueza… si no está en tu poder.

La primera tarea, fundamental e imprescindible, para cualquiera que aspire a impulsar una redistribución de la renta como la que plantea la RBU, es por tanto contar con los recursos necesarios para ello. Si queremos sostener y financiar programas sociales ambiciosos, de esta magnitud, el Estado necesita herramientas públicas que generen riqueza: un aparato productivo, una industria, pública.

¿Invertir o gastar?

Sea cual sea la forma de conseguirlos, supongamos por un momento que tenemos acceso a esos 30.000 millones de euros. Teniendo en cuenta los retos a los que se enfrenta la sociedad contemporánea, ¿es realmente prioritario emplearlos en un programa de Renta Básica Universal?

La desindustrialización de España es un problema acuciante, que se ha visto aún más agravado por una crisis sanitaria ante la cual apenas hemos tenido capacidad de respuesta. Hemos tenido que acudir a un mercado internacional salvaje y repleto de timadores – algunos de los cuales han conseguido su objetivo -, de forma desesperada, para conseguir cosas tan sencillas como mascarillas o EPIs, porque éramos incapaces de fabricarlas aquí. Los respiradores, fundamentales para el tratamiento de los casos más graves de Covid-19, escasean, y han tenido que ser los particulares los que se encargasen de fabricarlos con botellas de plástico e impresoras 3D – lo cual, a pesar de lo solidario y heroico del gesto, lógicamente no ha servido para cubrir las necesidades sanitarias.

El cambio climático, a pesar del paréntesis que esta pandemia ha supuesto, no ha desaparecido, y sigue siendo una amenaza de primer nivel no ya para nuestras condiciones de vida, sino para nuestra propia supervivencia como especie – por no hablar de las vidas de millones de animales que ya se han perdido, y de las especies que ya se han extinguido. Necesitamos un Green New Deal, una transformación profunda de nuestra economía, basada en las energías renovables, en la producción sostenible, en la planificación económica, que va a requerir cantidades ingentes de inversión.

O la revolución de los cuidados, la reivindicación feminista que se abre paso para la socialización del trabajo reproductivo, que pasa por la creación de un enorme sistema público de guarderías, centros de día, residencias, lavanderías, comedores sociales… Una movilización brutal de recursos que saque a la luz y reconozca ese trabajo, y que libere a las mujeres de la inmensa carga que supone y que hoy recae sobre sus hombros para el beneficio de una minoría de superricos que necesitan que los trabajadores se repongan después de reventarlos, así como nuevas generaciones de trabajadores que mantengan el mundo en movimiento.

¿Por qué, con todos estos retos exigiendo respuestas ambiciosas y urgentes, vamos a dedicar semejantes cantidades de dinero a una Renta Básica Universal? Las conclusiones del estudio finlandés demuestran que lo que realmente ayuda a la gente es tener una fuente de ingresos estable, una seguridad económica. Hay una cantidad ingente de empleos, de fuerza de trabajo, esperando su oportunidad para cambiar el mundo. La lógica metabólica del capitalismo – obtener el máximo beneficio con la menor inversión posible – los mantiene secuestrados.

¿Qué es más lógico? ¿Ofrecer esa seguridad económica poniendo en marcha la fuerza de trabajo que nos permita resolver los grandes retos que afrontamos como sociedad? ¿O dar una asignación incondicional a millones de trabajadores sólo para que puedan seguir gastando y mantengan la rueda del mercado en funcionamiento, mientras el mundo se desmorona a nuestro alrededor?

Los capitalistas quieren que el Estado gaste. Que vuelque sus recursos – los de todos – en el mercado privado, sin recibir nada a cambio: la Renta Básica Universal sigue esa senda keynesiana de los programas de estímulo, de la inyección a fondo perdido de capitales, de mantener con vida, a toda costa, a un sistema que agoniza. Los socialistas queremos que el Estado invierta: que se convierta en un actor económico de primer nivel, que nos permita tomar las riendas de la producción y la distribución, que desplace el interés privado del mercado por el interés común de lo público.

Conclusiones

Quedan muchos aspectos por abordar en relación a la Renta Básica Universal. Por ejemplo, por qué es preferible realizar una asignación monetaria, antes que una distribución directa. Si nos referimos, por ejemplo, a la alimentación de los más pequeños, ¿no sería más lógico distribuir una canasta de alimentos, elaborada en colaboración con nutricionistas, que garantizase una alimentación sana y apropiada, antes que ofrecer una asignación monetaria para que cada familia se busque la vida en el mercado? O, hablando de la vivienda, ¿no tendría más sentido crear un parque público de vivienda, con alquileres sociales, que garantizase unas condiciones dignas de habitabilidad, antes que dejar que sea la ‘mano invisible’ la que decida quien va a vivir en qué casa?

La Renta Básica Universal sigue ofreciendo un papel central al mercado, a pesar de que ha demostrado, una y otra vez, ser una fuente de desigualdad. Hace poco, Vox planteaba un ‘cheque escolar’ con esta misma lógica: un bono del Gobierno, ‘con un importe equivalente al coste medio de un puesto escolar en un centro público, para que decidan libremente a qué colegio, público o privado, quieren llevar a sus hijos’. ¿Por qué entendemos que esto es una locura en materia de educación, y sin embargo nos parece razonable en materia de alimentación, vivienda, transporte…?

También cabe preguntarse por el orígen del valor añadido sobre el que se pretende gravar esos impuestos, que no es otro que el trabajo de millones de personas, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. En el caso del llamado ‘Primer Mundo’, es innegable que ocupamos el escalón superior de la pirámide de la producción y que, por tanto, acumulamos la plusvalía que viene de los escalones previos, fases del proceso de producción que hemos ‘externalizado’ a China, la India o el sudeste asiático. La implantación de un programa de Renta Básica Universal a partir de esa riqueza supondría una institucionalización de esa cadena de valor, reforzando el carácter de la ‘aristocracia obrera’ de los países desarrollados como beneficiaria (parcial) de la riqueza que se extrae en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo: es decir, creando un ‘imperialismo social’ que cooptase a la clase obrera occidental para mantener la explotación a gran escala del resto del planeta.

El debate sobre la Renta Básica Universal, como espero haber expuesto en este breve artículo, va más allá de la simple cuestión técnica de la financiación. Tiene una serie de implicaciones políticas, filosóficas y económicas que son incompatibles con las políticas de izquierdas. No es más que una vuelta de tuerca, desesperada, por parte de un cierto sector de la clase dominante para intentar reafirmar y asegurar su posición. Como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, con la incorporación de los partidos de la II Internacional al esfuerzo de guerra a cambio de algunas cesiones, los capitalistas están dispuestos a hacer ‘grandes pactos’ si ven que pueden perder el control de la situación: la crisis del coronavirus va a ser de una dimensión no vista desde hace décadas, y tienen miedo. La Renta Básica Universal puede ser, en momentos como este, el último recurso de un capitalismo acorralado que lo cambie todo para no cambiar nada.

La izquierda no puede ser cómplice del reapuntalamiento del capitalismo, sino protagonista de su superación.

Notas

  1. Este sería el coste adicional, no el total. Los partidarios de la RBU plantean sustituir todo el actual sistema de subsidios y ayudas – desempleo, jubilación, etc – por esta Renta Básica Universal: implantarla absorbería todo el presupuesto dedicado a estas partidas y requeriría este importe adicional.

1 COMENTARIO

  1. Se discute, y se cree, mucho en la compatibilidad entre Renta Básica y Servicios (y bienes) Publicos.
    En efecto, como señala D Fernández, hay una contradicción entre ambos términos, Rentas y Servicios, lo que equivale a Mercado (rentas) y relaciones sociales No Mercantiles (Servicios Públicos). Uno (mercado) significa neo liberalismo y el otro (bienes y servicios públicos) una economía de transición al socialismo.

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