Muchos dicen que tras la pandemia no vamos a ser iguales; la forma de ver la sociedad y la economía va a ser muy diferente a como la concebíamos en la época previa al Coronavirus.
Aún no hemos salido del confinamiento; estamos resistiendo el primer envite de la pandemia. Pero confinados o únicamente saliendo a trabajar, estamos reflexionando sobre muchos problemas que vivimos en el día a día y con enorme trascendencia.
En este punto, los sindicatos aún están disputando, puerta a puerta de cada empresa, que la aplicación de los ERTE´s no se haga en detrimento de los derechos de los trabajadores.
Además, siguen trabajando con el gobierno para la implementación de todo un programa de rescate social. La prioridad es que las familias con menos recursos puedan soportar, en lo inmediato, las consecuencias económicas de la pandemia.
Este es un trabajo esencial para proteger los empleos y las rentas del trabajo en el primer envite. Pero tenemos que empezar a reflexionar sobre el segundo golpe que viene, el económico. Tenemos ante nosotros una posible pérdida de empleos masiva y cierre de empresas. Es el momento de tener claro qué debemos hacer para reconstruir la economía.
La recuperación en V, U o en forma de símbolo de “Nike” subestiman el problema de fondo
Muchos economistas, neoliberales y keynesianos, se han aventurado a anunciar la forma de recuperación de la «normalidad» económica. Han establecido diferentes formas pero todas ellas tienen dos elementos en común clave.
Una es que ignoran la posibilidad, más que probable, de que la pandemia del Coronavirus tenga una segunda ola en el próximo otoño, con lo que sea necesaria la aplicación de nuevas medidas de confinamiento, con el consecuente perjuicio para la economía.
Y la segunda, y más importante, que obvian el problema de fondo pre-existente a la pandemia del Coronavirus: la recesión latente por la sobreproducción acumulada en el ciclo de crecimiento desde 2014. De hecho la pandemia lo que ha hecho es acelerar las consecuencias de una economía débil, que se encontraba en desaceleración desde hacía meses.
Ambos hechos tienen su repercusión en cuanto a la eficacia de las medidas económicas que está adoptando el gobierno de España y la UE.
Neoliberales que se convierten en liberales keynesianos temporalmente
La UE está siguiendo el mismo patrón que aplicaron los propios estados europeos en la crisis económica de 2007. La diferencia es que ahora se mutualiza la prima de riesgo, es decir, que cada uno de los estados accede a los préstamos con intereses más bajos por la seguridad que ofrece la UE en lugar de cada estado por separado.
Esta acción para afrontar la crisis se puede resumir, a grandes rasgos, en inyección de liquidez para facilitar el crédito, rescate de empresas con diferentes mecanismos (en lugar de los bancos en 2010), aumento del gasto público y ampliación de recursos para el pago de prestaciones por desempleo (incluidas las derivadas de los ERTE´s).
Todas estas medidas inciden principalmente en uno de los aspectos de la economía: la demanda. Estas medidas pueden salvar una crisis coyuntural dinamizando el consumo, pero con un problema estructural de sobreproducción no puede resolverse únicamente amplificando la demanda.
Si hacemos el paralelismo con la crisis de 2007 veremos que estas medidas para potenciar la demanda lo que consiguieron fue posponer un par de años los efectos más negativos de la crisis. No fue hasta 2009 cuando se produjo la destrucción masiva de empleo, el cierre masivo de empresas, las medidas de flexibilidad laboral y de austeridad, etc.
Así pues, las acciones sobre la demanda en el mejor de los casos posponen la crisis. Pero, en este particular que nos acontece en 2020, son claramente insuficientes para frenar una crisis económica cuyo desencadenante es la pandemia del coronavirus pero que se produce en un marco de recesión previa.
Llegar sin munición a la siguiente batalla económica
La crisis de 2007 nos dejó un pésimo legado hasta nuestros días. Este fue un país altamente endeudado, en torno al 100% del PIB. Hay que recordar que la deuda pública previa a la crisis estaba en un 30% del PIB.
Los programas económicos como el Plan E, el aumento del gasto público en prestaciones por desempleo debido a la destrucción de empleo o el rescate bancario, elevaron la deuda pública y redujeron la capacidad del Estado para financiarse. Poniendo un símil bélico, es como si llegamos a la batalla decisiva habiendo gastado casi toda la munición.
Por ello, las capacidades de España para abordar esta nueva crisis son peores que en 2007. No son pocas las advertencias de organismos como el FMI, el BCE o la UE ante este problema, que en parte tienen razón. Pero no podemos olvidar que sus políticas de austeridad ante el endeudamiento abocaron a dejar una estructura de servicios públicos más débil, que hoy día se ha visto en serios apuros y sin munición suficiente para frenar la pandemia, por ejemplo.
Las políticas neoliberales de la UE y de los gobiernos nacionales dejaron a los estados sin fuentes de ingresos para dejarlo todo, especialmente los beneficios, en manos privadas. Los rescates planteados en 2007 y los nuevos programas de rescate, que desde la UE y desde España vuelven a poner sobre la mesa, buscan nuevamente la socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios para volvernos a dejar sin munición y más ahogados.
Los créditos de los fondos de financiación que está disponiendo la UE y el gobierno de España hay que pagarlos en algún momento, incluidos los avales del Estado ante la morosidad de las empresas acogidas al mismo. Todos estos programas no dejan de ser una posposición en el pago de los gastos ocasionados por la atención sanitaria y las prestaciones por desempleo, del rescate de empresas y del gasto público destinado a aumentar la demanda y la recuperación económica.
Y esta carga financiera se une a una insoportable deuda pública que se sitúa en el 96% del PIB en España.
Por ello, necesitamos que las arcas públicas se llenen previamente para hacer frente a estos pagos y los futuros problemas económicos. Esto es navegar a contracorriente del liberalismo imperante en todos los modelos económicos predominantes hoy día, incluido el keynesiano.
Aprovisionémonos bien para esta crisis económica y las siguientes
En España antaño teníamos numerosas empresas públicas que proporcionaban grandes beneficios a las arcas públicas. Teníamos bajo la propiedad pública a empresas como Endesa, Iberia, Ensidesa-Aceralia, Telefónica, Repsol, etc.
Su venta total o parcial ha privado a las arcas públicas la posibilidad de ingresar varios miles de millones de euros, procedentes de los beneficios. Estos ingresos permitirían contener y reducir la deuda pública.
Pero, además, sirve para tener una vía de financiación de los diferentes programas sociales y de rescate que son necesarios en momentos críticos, como el que actualmente estamos viviendo.
Por eso, vamos a necesitar un entramado de empresas públicas en los sectores estratégicos que garanticen la cadena de suministros y de valor para cubrir las necesidades de nuestro país y que sean capaces de sustituir al dañado sector turismo. Sectores como el energético, la banca, el acero y aluminio, el automovilístico, el farmacéutico, el transporte y la estiba, la industria alimentaria, etc.
Salvemos las empresas para beneficio de todos
Actualmente muchas empresas trascendentales para la economía española, por su tamaño o por su tecnología, atraviesan serias dificultades de liquidez, descapitalización, carencia de mercado, etc. Los fondos de inversión han descapitalizado estas empresas, especulando y hundiendo su valor en bolsa.
Ahora toca rescatarlas desde las arcas públicas con ayudas a fondo perdido y créditos, cuyo avalista es el propio Estado. Hay que proveerlas de dinero para que puedan afrontar los costes y seguir produciendo.
A la luz de la experiencia, es muy discutible que los cientos de miles de millones de euros que vamos a destinar sirvan para mantener el empleo. Existen incertidumbres en el mercado que puede llevar a los inversores y empresas a usar ese dinero inyectado en la economía para fines especulativos y no productivos. Fines diferentes a la expansión de la economía y a la generación de riqueza. En este punto los ERTE´s se pueden convertir en ERE´s, generando una segunda ola de despidos.
Los sindicatos han criticado, en numerosas ocasiones, y con mucha razón, que las ayudas desde las arcas públicas no tienen el efecto esperado en cuanto al crecimiento de la economía., Hay serias dudas sobre la efectividad de todos los planes de subvenciones y apoyos a las empresas privadas. Por eso, en lugar de utilizar los 117.000 millones de € en ayudas ante la actual crisis, ¿por qué no destinamos gran parte de ese dinero público a la compra de grandes empresas del Ibex-35 o a entrar con una posición mayoritaria en su accionariado?
Necesitamos recapitalizar las empresas estratégicas con dinero público para mantener su actividad, porque su producción dinamiza la actividad para muchas otras que dependen de las primeras. Empresas Grandes, medianas y pequeñas desarrollan alguna actividad subcontratada, transforman alguna materia prima o realizan algún producto acabado relacionado con la empresa principal.
Pero, y lo más trascendental para la población trabajadora, invertir dinero público en estas empresas es ponerlas bajo el interés general, proporcionando la posibilidad de mantener el empleo, ya sea en la propia empresa o reorganizando la economía para reorientar el empleo hacia otros sectores. Así, la nacionalización se convierte en un rescate permanente y social de la empresa.
Podemos expandir la economía española y la tecnología tomando como columna vertebral a las empresas públicas productivas, lo que significa incidir en la oferta. Tocamos una de las claves para la generación de riqueza y progreso en nuestro país. La cual, a su vez, incide en la generación de confianza en los trabajadores al asegurar sus empleos, por lo que expandimos la demanda.
Un sector empresarial público para organizar la economía
La experiencia de esta crisis nos está mostrando los grandes límites del modelo económico que sirve de guía en nuestra economía. Sus fundamentos enraizados en el libre mercado y la inversión privada han mostrado sus debilidades. Da igual que el matiz sea un neoliberalismo radical o sea un liberalismo keynesiano.
Nuestra sociedad se ha mostrado lenta y limitada para acometer las necesidades. No ha sido capaz de una transformación rápida del sistema productivo para proveer los respiradores, las mascarillas, etc., durante esta crisis sanitaria. Uno de los motivos es la deslocalización de las cadenas de suministro, problema que abordaremos más adelante. Y el otro motivo es la absoluta dependencia a la voluntad de los propietarios privados de las empresas en España.
Esta voluntad empresarial choca con el interés general, en tanto en cuanto los empresarios y banqueros no están dispuestos a disponer los recursos de las empresas para salvar el país. Al revés, están exigiendo que el Estado disponga de recursos para salvar sus cuentas de beneficios privadas. Por ello, la respuesta para reorganizar la producción ante el Coronavirus ha sido tan endeble.
La experiencia que estamos viviendo hoy día nos ha enseñado que el desarrollo tecnológico existente permite emplear numerosos medios de producción para crear diferentes bienes. Tan solo es necesario reorientar y reorganizar la producción. Así, la propiedad privada se presenta como un problema.
Necesitamos empresas públicas, extendidas por cada punto estratégico de la economía, capaces de reorganizar la producción para y por el interés general de la población trabajadora en España.
Empresas públicas en un mundo globalizado
Las magnitudes económicas y las cadenas de valor de las empresas públicas de antaño, que tenemos aún presente en nuestra memoria colectiva, se quedan cortas en un mundo tan globalizado.
Hoy en día las cadenas de valor se extienden por todo el planeta. Desde la extracción de las materias primas hasta la generación del producto final, pasando por el desarrollo tecnológico y las sucesivas etapas de transformación. Las grandes corporaciones concentran un enorme número de empresas y ponen en marcha muchísimas más en torno a su producción.
Los problemas que hemos vivido recientemente han colocado en el centro de atención la recuperación de la cadena de suministros sanitarios, pero hace necesario recuperar otras cadenas de suministro a nivel nacional. Necesitamos garantizar los suministros de bienes y servicios clave para el consumo en nuestro país. Así, esta recuperación es un cierto repliegue en la globalización, pero no es la tendencia.
Con disponer de una gran empresa de cada sector estratégico es suficiente para garantizar la cadena de suministro y el funcionamiento de la economía española. Estamos en un momento óptimo para recuperar empresas, que son viables y beneficiosas para la población trabajadora, a precio de saldo. Además, al no establecer una posición empresarial pública de monopolio, no contraviene al Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE).
La globalización de la producción exige un esfuerzo mutualizado de muchos países. Al igual que en España, en varios países europeos, como en Italia o Francia, está resurgiendo la idea de nacionalizar la producción. De hecho, estos países ya poseen importantes inversiones públicas en empresas claves como PSA en el caso francés. Es un debate público en el que la población trabajadora necesariamente va a reflexionar de la mano de los partidos de izquierdas.
Por tanto, cabe la posibilidad (y puede ser una necesidad) de que en la recuperación pública de empresas se puedan mutualizar las inversiones entre varios estados para socializar los beneficios y desarrollar la tecnología.
Blindemos las empresas públicas
Las generaciones más mayores de trabajadores argumentan, con mucha razón, que antaño ya existían empresas públicas, pero que fueron dilapidadas por la gestión partidista que hacían sus gestores.
Esto señala un problema. En el capitalismo las empresas públicas no son un principio por el que regir la economía sino un parche a los problemas temporales de competitividad que tienen los empresarios.
La gran mayoría de las empresas europeas de gran importancia han perdido en torno al 50% de su valor bursátil. Eso significa que tendrán dificultades para financiar sus costes de la actividad. Por eso, la UE plantea la posibilidad de nacionalizar o participar en el accionariado de determinadas empresas para recapitalizarlas. Para la UE, los estados deben intervenir para aportarles ese capital, en un momento de pérdidas; pero después, una vez saneadas, deben abandonar el accionariado para que los beneficios vuelvan a fluir hacia los inversores privados.
Esto mismo sucedió en España con el rescate bancario del PP o con las privatizaciones de empresas públicas emprendidas por el PSOE y el PP. Los grandes partidos españoles y europeos son, en esencia, liberales que ponen la economía y la sociedad en manos de las empresas privadas.
Igualmente, aquí se vislumbra el poder político que pueden ejercer estos empresarios. Un poder que es mayor en relación directa con la cantidad de capitales que acumulan.
Por ello, para evitar que, tarde o temprano, las empresas públicas vuelvan a manos privadas, saneadas y en beneficios, es necesario su control democrático. Los trabajadores, a través de sus representantes sindicales, y la sociedad civil, a través de su tejido asociativo y de las instituciones públicas municipales y regionales en las que están presentes estas empresas, deben constituir un contrapeso a las presiones de los grandes empresarios en la administración de las empresas públicas.
Ampliemos la reflexión sobre la sanidad pública
Como colofón, es necesario que reflexionemos sobre la importancia que estamos dando hoy día a que la sanidad permanezca totalmente en manos públicas, sacándolo del mercado. Hemos identificado, acertadamente, que el bienestar social que proporciona es central. Esto es clave, especialmente, para la población trabajadora, dado que no tenemos recursos económicos para pagarnos una sanidad privada.
En los hogares de los trabajadores celebramos el año nuevo deseándonos salud, en primer lugar, y deseándonos trabajo, en segundo lugar. Las familias trabajadoras necesitamos ingresos para conseguir los bienes y servicios para sobrevivir porque esto también es salud.
Por eso, ahora nos toca reflexionar sobre la centralidad de la economía para garantizar el bienestar social; y que esta seguridad solo se consigue sacándolo de las manos privadas y depositándola en manos públicas para reconstruir la economía y garantizar el empleo para la población trabajadora en España.