- Publicación original: PTB.BE – Europe : Un plan de relance historique aux conditions inquiétantes – Marc Botenga – 24 de julio de 2020
- Traducción: La Mayoria
Cuatro días después del comienzo de la Cumbre europea extraordinaria que tuvo lugar en Bruselas, los dirigentes de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo sobre el plan de recuperación “coronavirus”. Este plan está destinado a hacer frente a escala europea a la grave crisis económica que se avecina. Por primera vez en su historia, la Unión Europea va a lanzar un préstamo colectivo de 750 mil millones de euros. Esto podría ser un paso importante hacia una mayor solidaridad entre países europeos. Sin embargo, las condiciones impuestas resultan desafiantes.
Frente a la crisis económica y política de la Unión Europea, la Comisión Europea va a realizar préstamos colectivos. Estos préstamos estarán garantizados por los Estados-miembros. Es la primera vez que la Comisión pide un préstamo a los mercados financieros para ponerlo en un bote común europeo. También es la primera vez que este dinero (del cual 390 mil millones no deberán ser reembolsados) irá a parar en gran medida a los países que más lo necesitan. Finalmente, es la primera vez que Europa podrá poner en marcha sus propias fórmulas impositivas: un potencial paso adelante hacia una Europa más federal.
Operación-salvavidas de la Unión
“Es nuestro proyecto europeo lo que está en juego aquí”, ha afirmado Emmanuel Macron a su llegada a la Cumbre. Efectivamente, la crisis económica va a golpear duramente a los países europeos durante los próximos meses. La canciller alemana, Angela Merkel y el presidente francés no esconden su inquietud: sin una firme respuesta europea, la propia unidad de la Unión Europea está en peligro.
En varios países, la ausencia de una reacción inmediata por parte de la Unión Europea frente a la crisis del coronavirus ha sentado muy mal a las poblaciones. En abril, en plena crisis, tan solo el 14% de los italianos afirmaba apreciar la acción de la Unión Europea.
Por otro lado, la crisis económica y social corre el riesgo de profundizar aún más las desigualdades entre países europeos, ya suficientemente profundas. En efecto, frente al impacto de la pandemia sobre la economía, los países no son todos iguales. Italia, notablemente, tiene enormes dificultades para levantarse y estaría al borde de la bancarrota financiera. En España el Producto Interior Bruto (PIB) caería un 10%, mientras que en los Países Bajos la recesión sería del 5%.
Finalmente, son los países más fuertes económicamente los que han podido poner en marcha sus planes de rescate. Así, a principios de mayo más de la mitad de las ayudas de Estado habrían sido adjudicadas a empresas alemanas.
Tras doce años de austeridad y una crisis sanitaria donde la solidaridad europea ha fallado, si no se hace nada, la crisis económica va a agudizar aún más las desigualdades entre países. Esta constatación ha conducido a Alemania a apoyar la articulación de ciertos mecanismos de solidaridad europeos que hasta ahora había rechazado. En efecto, en 2011, durante la crisis financiera y durante la crisis griega en 2015, Alemania se había opuesto firmemente a todo mecanismo de obligaciones europeas.
Una bancarrota de Italia (tercer pilar económico de la zona euro) tendría un impacto desastroso sobre todo el continente. En particular sobre los trabajadores, pero también sobre las multinacionales europeas. Los estrechos lazos entre las cuencas industriales de Italia del Norte y la industria alemana, socavados durante el confinamiento, han reforzado la voluntad de la gran patronal alemana de salvar el mercado interior. Las tres federaciones patronales más fuertes (la alemana, la italiana y la francesa) han hecho un llamamiento presionando hacia una integración europea más fuerte. No es por tanto una empatía espontánea hacia las poblaciones del Sur de Europa lo que ha guiado a Merkel y a Macron. En realidad, estos temían básicamente dos cosas: por un lado, el impacto económico que una bancarrota italiana puede tener sobre el resto del continente; y por otro lado que los italianos y los españoles rechacen la idea misma de la Unión Europea. Esta dinámica pondría en peligro su proyecto de una Unión Europea como potencia económica mundial, capaz de competir con los Estados Unidos y con China.
Así pues, Macron y Merkel han tomado la iniciativa de un plan de recuperación de “nueva generación” de 750 mil millones. Estas sumas se desplegarán a lo largo de dos o tres años y se añadirán a los planes de recuperación nacionales que emergen un poco en todas partes.
Los gobiernos tacaños obtienen condiciones
750 mil millones para la recuperación en un espíritu colectivo, es un buen punto que contrasta con la política europea tradicional de la austeridad y de la competitividad. Es también una victoria contra las corrientes nacionalistas de derechas que empujan hacia una dinamitación de Europa.
Pero los gobiernos de los países llamados “frugales” o “tacaños”, como los Países Bajos del Primer ministro liberal Mark Rutte, Dinamarca, Suecia, Austria y Finlandia, han llevado a cabo una verdadera guerra de usura contra estos préstamos conjuntos y contra toda forma de solidaridad. En Bélgica, la N-VA estaba de acuerdo con ellos en términos generales.
Estos gobiernos de derechas quieren solamente un gran mercado sin ningún lazo de solidaridad. La coalición de los tacaños se ha aliado con los ultraconservadores alemanes para frenar estos 750 mil millones. ¿Cómo? Mediante la imposición de ciertas condiciones para su utilización.
Los países tacaños han obtenido un mayor control presupuestario. De hecho, todo el dinero se ligará primero al Semestre Europeo y a las prioridades de la Unión Europea. El Semestre Europeo es el instrumento que tiene la Unión Europea para vigilar los presupuestos y los gastos de los Estados. Fue a través del Semestre Europeo cómo la Comisión Europea aconsejó hasta 63 veces a los Estados miembros, durante los últimos años, recortar en los presupuestos destinados a sanidad. Es un instrumento que en el pasado ha servido para promover la ola de privatizaciones y de liberalizaciones de los servicios públicos.
Ciertamente la coalición antisocial de los tacaños y de los ultraconservadores no ha alcanzado el derecho de veto sobre de la distribución de los fondos (lo que es algo positivo). Pero ha conseguido igualmente el principio de un mecanismo de alarma que permite suspender la concesión de estos fondos durante tres meses. Un solo país podrá tirar de la campana en cuanto considere que otro país no utiliza “bien” el dinero recibido. Estas condiciones son definidas de manera bastante precisa. Los países deben, entre otras cosas, adaptarse a las recomendaciones hechas por la Comisión Europea. Si un país A quiere recibir fondos para reforzar tal o cual servicio público (sanidad, transporte…) cualquier país B puede activar el mecanismo de alarma.
Se trata por tanto de una espada de Damocles que se cierne sobre las cabezas de todos los gobiernos y en particular de aquellos que quisieran salirse del camino y distanciarse de las clásicas políticas neoliberales europeas. Todo esto promete amargas batallas sobre el empleo de estos fondos en el futuro.
El egoísmo nacionalista contra los trabajadores
La guerra de usura de los países frugales también ha tenido un impacto negativo en las prioridades del plan de recuperación. En principio, la sanidad y la investigación ocupaban un lugar importante dentro del presupuesto. Por primera vez, un verdadero programa europeo de sanidad estaba a punto de ser lanzado. En plena pandemia, era algo indispensable. Pero finalmente ha sido completamente borrado del Plan de recuperación.
De hecho, ha sido el conjunto del enfoque común y ambicioso lo que se ha tirado a la basura: más que stocks comunes de material de protección, un enfoque común necesita de una ayuda real para la accesibilidad de los tratamientos y un apoyo efectivo hacia los sistemas de salud. Su abandono constituye una verdadera afrenta para los héroes sanitarios que siguen en el frente y que sufren la falta de solidaridad europea.
El programa de investigación pública, a su vez, se divide por tres. El programa de inversión industrial (InvestEU) y los Fondos de Transición Justa (destinado a ayudar a las regiones frente al cambio climático) se funden como nieve al sol.
Subrayaremos, de paso, que esta coalición de países tacaños está compuesta por tres países con gobiernos con participación social-demócrata (los Países Bajos, Dinamarca y Suecia) y de otros dos con gobiernos con participación ecologista (Austria y Finlandia).
El patito feo: el presupuesto europeo
Los 750 mil millones de recuperación pueden ser un pequeño paso hacia adelante hacia una mayor solidaridad y un menor nacionalismo. Pero el presupuesto europeo negociado en paralelo es, por el contrario, un auténtico salto hacia atrás. Es muy poco, llega muy tarde, contiene demasiados recortes en los futuros proyectos de inversión e incluye privilegios para los países más ricos.
Al igual que Bélgica, la Unión Europea tiene un presupuesto con el que paga los gastos como los fondos estructurales europeos. Si el Plan de recuperación se despliega durante dos o tres años y tiene como objetivo responder sin demora a la crisis del coronavirus, el presupuesto europeo es un plan a más largo plazo. Está fijado para siete años. En sí, es muy limitado y apenas representa el 1% de la riqueza producida en la Unión Europea.
De entre todas las propuestas que estaban sobre la mesa, es el presupuesto más bajo el que los dirigentes de la Unión Europea han escogido. No llega ni al 1% del PIB europeo. Greta Thungberg denuncia la falta de ambición climática de la Unión Europea. Y por lo que parece, lo social tampoco entra dentro de sus prioridades…
Otros presupuestos se ven recortados, como el que se había previsto para la transición ecológica en el sector agrícola. Programas tales como el fondo social, la sanidad o el fondo de transición justa (necesario para garantizar que la transición ecológica sea social), reciben igualmente muy poco dinero. Mientras que en el sentido opuesto, se lanzan dos programas militares.
Sobre el papel, la doble transición (digital y climática) está en el corazón del objetivo de la Unión, lo que en sí resulta positivo. Pero cuando miramos más de cerca, vemos que es sobre todo cuestión de ayudar a las multinacionales europeas a volverse “campeonas” en esos dominios. En otras palabras, el dinero del contribuyente europeo va a servir para subvencionar a las grandes sociedades europeas para permitirles ser las más competitivas a escala internacional. Se tratará sobre todo de pagar, con dinero público, las inversiones que los privados no quieran realizar ellos mismos.
Privilegios para los ricos
Finalmente el presupuesto europeo incluye privilegios para los países ricos. Se ofrece a los Países Bajos y a sus aliados “frugales” regalos financieros a cambio de su apoyo. Por un lado podrán quedarse con un porcentaje importante de los derechos de aduana sobre los productos importados a la Unión Europea por los puertos alemanes, neerlandeses o belgas. Y por otro lado, sus contribuciones al presupuesto europeo se verán reducidas.
Normalmente, cada país contribuye al presupuesto europeo en función de su fuerza económica, de su ingreso nacional bruto. Pero los países más poderosos económicamente han encontrado excusas para no pagar su parte. Así, entre 2014 y 2020, Dinamarca, los Países Bajos y Suecia, pero también Alemania y Austria se vieron beneficiados por reducciones en su contribución anual. El nuevo acuerdo europeo aumenta considerablemente estas reducciones. Así la de los Países Bajos se triplica y roza los 2 mil millones de euros y Alemania se beneficia de una reducción de 2,6 mil millones por año.
En otras palabras, los países dominantes que se arrogan el derecho a revisar las políticas de los demás, contribuyen relativamente menos al presupuesto, lo que significa que otros países deben contribuir más. Es exactamente la inversa del principio de la solidaridad estructural que quiere que los hombros más fuertes contribuyan más. Estos regalos a los más ricos parecen estar totalmente fuera de lugar si tenemos en cuenta que los Países Bajos son conocidos por ser un paraíso fiscal para las multinacionales (mucho más que Bélgica). Por ejemplo, las empresas italianas como Fiat o Ferrero pueden ubicar su sede social en los Países Bajos y evitan así el impuesto en Italia. Las arcas públicas de Italia y de España, de Francia y de Alemania pierden así miles de millones cada año.
Hacia una lógica social, solidaria y ecológica
El préstamo colectivo del plan de recuperación es un granito de solidaridad europea. Es, en sí, positivo. Pero las condiciones que se han impuesto minan este avance. Y sobre todo, el presupuesto europeo adoptado a más largo plazo apunta en dirección contraria.
No obstante, sin la solidaridad real, el continente europeo no tiene futuro social y duradero. Sin una solidaridad real, se abre la veda a los nacionalismos que dividen a los pueblos. Es hora de comenzar a priorizar seriamente la solidaridad y el progreso social.
En lo inmediato, proponemos tres medidas concretas:
1. Para que el plan de recuperación estimule una verdadera solidaridad y un desarrollo más igualitario, necesitamos la abolición definitiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y del Pacto Presupuestario. Estos dos pactos europeos sacralizan la austeridad y las reformas antisociales. Debemos romper con estas lógicas antisociales del Semestre Europeo así como con sus reformas estructurales. Las pensiones y los salarios no son un problema, más bien forman parte de la solución para una salida social de la crisis.
2. Una verdadera solidaridad es incompatible con la existencia de paraísos fiscales en el seno y fuera de la Unión Europea. Una tasa impositiva mínima, efectiva para las grandes multinacionales en el seno de la Unión Europea puede contribuir a resolver este problema. Debemos llevar a cabo una verdadera lucha contra la evasión fiscal. Esto podría aportar mucho más que el plan de recuperación en sí. Con una tasa sobre las transacciones financieras a escala europea, podríamos también hacer contribuir a los grandes especuladores financieros.
3. El presupuesto europeo debería servir para reducir rápidamente las desigualdades reforzadas por el mercado interior. Deberíamos tener un mega plan de inversiones públicas en todas partes en Europa, para el clima, para la sanidad y para lo social. Focalizarse en la competitividad de las empresas europeas significa aumentar la concentración de la producción en ciertas regiones y renunciar a tomarse en serio la transición climática. Al contrario, invirtiendo en los servicios públicos, podemos garantizar empleos de calidad y tratar de asegurar que la transición climática sea no solamente efectiva sino también social. El dinero inyectado por el Banco Central Europeo debe poder ayudar directamente a los Estados-miembros, más que tener que pasar por las bancas privadas. A través de un Fondo de Futuro, este dinero podría facilitar la financiación de los servicios públicos y de la transición ecológica.