Un reforma democrática y profunda del Poder Judicial

Los numerosos escándalos que envuelven al Poder Judicial desde hace años han abierto un debate a nivel social, en el que la izquierda ha tomado posición.

R. Salazarhttps://lamayoria.online
Redactor en La Mayoría.

En la izquierda muchas veces perdemos de vista un asunto de Estado tan importante como el Poder Judicial, encerrándonos en la lucha económica y por la república, como estandartes principales. Y, sin embargo, como hemos visto con el caso “Dina” y el intento del Poder Judicial de actuar como ariete para sacar a Unidas Podemos y a Pablo Iglesias del gobierno, hacen pensar que no es un tema baladí sino que tiene una importancia trascendental.

La cuestión en todo esto es ¿con qué ojos vemos el problema y, por tanto, qué soluciones ponemos sobre la mesa?.

¿Un problema de mayorías en el CGPJ o un problema en la forma de elegir al CGPJ?

Los nuevos nombramientos vitalicios de jueces y presidentes de varias salas para el Tribunal Supremo han centrado el debate y la línea discursiva en el problema de la mayoría caducada de los conservadores en el CGPJ.

Este hecho es cierto; actualmente el órgano de gobierno del Poder Judicial no es representativo del sentir de la población española. Pero si atendemos a la forma de elección de un poder tan importante para el Estado, podremos comprender que el problema es aún más profundo y entra en contradicción con el modelo liberal de la separación de poderes.

En particular, como es sabido, en España la elección de los miembros del CGPJ se hace a través de una mayoría cualificada de tres quintas partes de los Diputados del Congreso. Mientras gobernó el PSOE, había un cierto pacto de caballeros entre facciones del mundo empresarial, representado en sus partidos políticos, que permitió la renovación del Poder Judicial. Pero ese pacto de caballeros o ese consenso fue dinamitado por el Partido Popular tras cada una de sus derrotas electorales.

Es por ello que, ahora, parece que el problema reside en el secuestro de la renovación del Poder Judicial. La cuestión es que desde la izquierda nos quedemos en la superficie del concepto liberal acerca del Poder judicial en base a la separación de poderes. Necesitamos clarificar aún más el fondo del asunto para vislumbrar otra visión más profunda.

El consenso en el seno del Estado capitalista con la separación de poderes

La separación de poderes surgió en el seno de la burguesía revolucionaria de hace más de dos siglos en contraste con el absolutismo de una monarquía feudal moribunda, de cuyas entrañas se abría paso una nueva estructura social y política.

Salidos de la concentración de poder en torno al monarca, los liberales de la época desarrollaron el concepto de la separación de poderes para evitar que un individuo o capa alta de la sociedad acumularse poder. Ese era su relato en lo que debía constituirse como un consenso de las diferentes capas de la burguesía en el Estado: rentistas, industriales, comerciantes, financieros, etc.

Todo ellos tenían intereses comunes en proteger y desarrollar el sistema de explotación asalariada que es el capitalismo, pero, a la vez, tenían divergencias entre ellos. Estas divergencias partían de los intereses particulares de cada capa de la burguesía; les podía llevar a chocar, como así se ha producido en reiteradas ocasiones a lo largo de la historia.

Estos disensos se plasman en las iniciativas y formas de la legislación y en su ejecución. Dependiendo de la orientación y asuntos que aborda puede favorecer más la acumulación de riquezas de unos u otros.

Por eso, se producen casos del uso del Poder judicial para laminar a determinados partidos políticos oponentes porque representan más los intereses de una determinada capa. La campaña de desgaste contra el Partido Popular, sacando a la luz y juzgando su corrupción, es un ejemplo. Aunque, por el otro lado, la mayoría conservadora del Poder Judicial (designada por el mismo partido) ha actuado protegiéndolo, por ejemplo, no reconociendo a M. Rajoy como beneficiario de la contabilidad B del Partido Popular. Las correlaciones de fuerzas de las diferentes capas del mundo empresarial actúan en una u otra dirección en sus disputas.

La centralización del poder como forma más sencilla de control para el Poder Económico

A este consenso que se forma dentro del Estado, como diría Gramsci, también está invitada la clase social que falta: la clase trabajadora. Pero lo hace como actor invitado, es decir, subordinado.

Es la forma de mantener controlados a los trabajadores. Cerca del poder pero, a la vez alejados. De hecho, cuando surgen partidos que rompen el bipartismo estable del mundo empresarial, los atacan con ferocidad desde los diferentes aparatos del Estado. Un ejemplo reciente es el de Unidas Podemos y Pablo Iglesias, que, de manera inédita, ha visto modificada su condición de víctima por la de verdugo a manos de un trío de jueces conservadores que actúan como arma política del Estado, junto con las denominadas Cloacas del Estado.

De ahí que sea tan importante que la aparente separación de poderes no lo sea tanto. De esta manera, la elección de los jueces y del Poder Judicial en España no se realiza a través de una elección directa de la ciudadanía sino que es la partidocracia quien los elige. Entonces la soberanía no emana directamente del pueblo sino de los partidos políticos.

En el caso de España, la población elige al poder legislativo mediante las elecciones, este elige al ejecutivo y, además, elige al judicial, el cual elige a los jueces del máximo tribunal. Dicho de otra manera. Los jueces son elegidos por el gobierno del Poder Judicial que es elegido por acuerdo de los Diputados de los principales partidos del país en el Congreso, que son elegidos por la ciudadanía. Una elección muy indirecta de los jueces. Cuanto más se aleja la capacidad de elección, más se aleja la democracia y la capacidad de control de la ciudadanía.

Como empezamos a observar, la estructura de separación de poderes no es tal. Los juristas, catedráticos y otros teóricos del Estado del liberalismo hablan de la efectividad en el desarrollo de las leyes y la ejecución de las mismas para generar esos vasos comunicantes entre los diferentes poderes. Así, la separación de poderes esconde tras de sí un poder centralizado y controlable.

¿Y detrás de los principales partidos políticos? Ahí están los grandes y medianos empresarios, que hacen y deshacen según sus cuentas y estrategias para encumbrar, proteger o hundir directa o indirectamente, a los partidos políticos. Para ello usan no solo el poder judicial sino que usan el poder mediático (el cuarto en discordia y cuyos principales medios de comunicación son propiedad de los grandes grupos financieros) para influir en los apoyos electorales a uno u otro. Este caso lo conocen bien en Ciudadanos, el cual, siendo incapaz de llegar a acuerdos con el PSOE para evitar la entrada de Unidas Podemos en el gobierno, fue denostado mediante el poder mediático. O lo conoce la propia Unidas Podemos que, como ya he indicado antes, sufre una permanente lawfare y una guerra mediática.

La clave reside en que hay un poder capaz de unirlos a todos. En palabras de J.R.R. Tolkien, sería “un Anillo para gobernarlos a todos”. Este es el Poder Económico de los empresarios. Es capaz de controlar al poder legislativo, al ejecutivo y al judicial a través de su sistema de partidos.

Fue capaz, por ejemplo, de presionar al Partido Popular para que moviera sus tentáculos conservadores en el Poder Judicial para cambiar el sentido de la sentencia sobre los gastos hipotecarios, que tanto perjuicio iba a causar a la banca a favor de los consumidores, mayoritariamente trabajadores. Esto supuso un enorme escándalo del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, al desenmascararse con tanta claridad ante la población.

¿Reformar la mayoría necesaria para elegir al Poder Judicial entre los partidos políticos o democratizar su elección?

En este punto surge la tentación de hablar de un programa máximo para extinguir el Estado capitalista y erigir uno nuevo que represente democráticamente a la mayoría social. Pero este asunto escaparía del objeto del artículo, que es circunscribirse al modelo del Poder Judicial, y requeriría entrar más a fondo en la teoría del Estado.

Ahora mismo lo que necesitamos es saber qué le interesaría a la clase obrera en cuanto al sistema de elección de los jueces. Tácticamente podríamos decir que no hay mucho más que lo circunscrito al debate liberal sobre las mayorías cualificadas o absolutas para la elección del CGPJ y la restricción de capacidades para el período en funciones de dicho órgano de gobierno de los jueces.

De este debate la clase trabajadora no puede aprender nada. Los partidos y militantes a la izquierda del PSOE podemos asumir que a día de hoy no se dan condiciones para lograr una reforma más profunda del sistema de elección del Poder Judicial. Al menos, la clase trabajadora no tiene puesta la cabeza en este problema y en los términos que debiera estar.

No obstante, es necesario que los partidos de la izquierda pongan sobre la mesa el debate en otros términos. Es decir, la disputa entre un modelo indirecto del bipartidismo, que favorece al mundo empresarial, o un modelo directo de elección por parte de la población, que profundiza la democracia y que favorece más a la clase trabajadora.

Un modelo democrático de elección directa del Poder Judicial mediante sufragio universal, conjuntado con la posibilidad de la revocación de dicho mandato en caso de no cumplir con las pretensiones del pueblo, pone en el centro la soberanía popular y desplaza al poder del bipartidismo, mediante el cual al Poder Económico le resulta más fácil ejercer su control y dominación.

Este es un aspecto de la necesaria democratización de la sociedad. Por sí solo es insuficiente porque es parcial y puede quedar condicionado por los restantes. No obstante, resulta un gran salto porque mueve la balanza del lado de los trabajadores y les enseña que lo normal es adoptar decisiones y elecciones para configurar su sociedad.

Así, los jueces elegidos ya no dependen tanto del bipartidismo sino que dependen más de la ciudadanía y de su mayoría social. Siendo tan clamoroso que M. Rajoy es Mariano Rajoy, que los bancos deben pagar todos los gastos hipotecarios por ser beneficiarios de la constitución de la escritura y su registro, que hay arbitrariedad a la hora de permitir el confinamiento de los barrios obreros de Madrid pero no de toda la ciudad incluidos los barrios ricos, o que los rumores indemostrables de un abogado despechado de Podemos son lawfare favorable a la derecha y no una base suficiente para iniciar un procedimiento judicial, ¿qué juez se atrevería actuar en sentido contrario, como lo hace a día de hoy?

Una última nota: “De aquellos barros estos lodos”

Comprender la procedencia de la adscripción ideológica de los jueces es fundamental. De esta depende que los jueces y, en general, el Poder judicial interpreten en un determinado sentido el “imperio” de la ley que obligan a cumplir.

Esta adscripción ideológica no es una casualidad, tiene una razón material. Si nos parásemos a investigar las raíces familiares de los jueces del Tribunal Supremo, nos encontraremos que proceden de familias adineradas, donde abundan familias de funcionarios y altos funcionarios del Estado, de empresarios, del Ejército y del Poder Judicial durante la época del franquismo.

Los hijos de estas familias privilegiadas económicamente tuvieron la oportunidad de desarrollar su educación, e instrucción ideológica, para seguir los mismos pasos que sus predecesores. Durante el franquismo ningún trabajador tenía la capacidad económica para enviar a sus hijos a la universidad. Incluso, la mayoría no tenía recursos económicos para disponer de los bienes y servicios básicos.

Las familias adineradas contaban con los contactos empresariales y políticos suficientes para prosperar en la carrera judicial hacia las cimas más altas. Los eruditos sin contactos no llegan a la cumbre. Los Carlos Lesmes, Manuel Marchena, César Tolosa, Jacobo de Barja Quiroga, etc., sí los tenían. Una vez más los partidos políticos del mundo empresarial y el propio Poder Económico está presente en la elección.

Así pues, en los jueces está marcada su pertenencia a las capas altas de la sociedad y del Estado. Y, como tal, tienen marcada la ideología de la clase dominante, en la que prima el carácter conservador, con la que interpretan la Constitución y las demás leyes. Ejercen su cago para garantizar la conservación de los intereses de los empresarios y de su propio sistema de explotación, por contrarias que puedan parecer algunas decisiones.

Esto nos debe llevar a la siguiente reflexión y lección. ¿Por qué no hacemos lo propio con nuestros titulados en Derecho descendientes de familias obreras? Desde hace varias décadas el acceso a la universidad fue facilitado. Muchos hijos de obreros accedieron a carreras universitarias. Estos salieron principalmente por ramas laboralistas. Pero también necesitamos sumar un mayor número trabajadores accedan a la carrera judicial; que asciendan en la carrera judicial facilitándolo con una reforma de la legislación para compensar el predominio histórico de las capas altas de la sociedad; que la elección directa para cubrir las plazas en los tribunales superiores de cada autonomía, supremo y constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial permita llegar a más jueces cuyas raíces esté bien insertas en la clase trabajadora. Todo ello para que estos jueces sean capaces de interpretar la actual ley desde el punto de vista de los trabajadores; que permitan, incluso, el desarrollo de una acción de gobierno donde los intereses de los trabajadores estén en el centro; que sienten jurisprudencia y, con ello, que legislen, a efectos prácticos, en un sentido progresista para los trabajadores.

Necesitamos más jueces de familias obreras, que, por lo general, tienen grandes limitaciones económicas. Tenemos grandes eruditos entre los trabajadores que pueden llegar muy arriba. Para ello necesitamos facilitar aún más el acceso a la carrera judicial sufragando el coste de la formación desde cero de estos jueces desde el Estado.

Sin duda alguna, y como final, este hecho tiene una importancia estratégica porque ayudará a una labor aún más importante: a desenmascarar una justicia articulada para los intereses del Poder Económico y unas leyes que son limitadas para satisfacer las necesidades de la población trabajadora.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.