¡Vete a Amazon a ver qué tal!

Esta expresión se escucha con frecuencia entre la plantilla de Correos. Se puede intercambiar con MRW, UPS, Seur, DHL o Correos Exprés. Pero escojamos una u otra, la idea de fondo que viene a transmitir sería algo así: No te quejes, que en los operadores privados la cosa es mucho peor. ¿A qué nos conduce este planteamiento?

Hagamos zoom

Es sabido que la situación laboral de las plantillas en esas empresas privadas, presenta una precariedad pasmosa en pleno siglo XXI, muestra unos niveles de autoritarismo patronal que dejan atónito. Hablamos de bajos salarios, ritmos frenéticos y objetivos inalcanzables, falta de seguridad en el trabajo, alta temporalidad y todo tipo de prácticas abusivas como la exigencia de una flexibilidad horaria que perjudica gravemente el derecho a la conciliación personal y laboral, la súper extensión de las horas extra “forzosas”, subcontrataciones… Pero también de todo tipo de prácticas antisindicales (incluida la represión), etc.

Recientemente, Amazon ha vuelto a ser noticia, en este caso por haber contratado a detectives de la agencia Pinkerton (grupo Securitas) para monitorizar la actividad sindical y huelguística de los trabajadores en Europa. Eldiario.es revelaba el 30 de noviembre que “La multinacional de comercio electrónico Amazon espió el desarrollo de la huelga de centros logísticos y transportistas del 30 de octubre de 2019 en su centro de El Prat de Llobregat, en la provincia de Barcelona. En el operativo desplegado participó el policía ya jubilado Antonio Giménez Raso, socio de José Manuel Villarejo en Catalunya e imputado en una de las piezas de la causa que investiga la organización criminal que presuntamente dirigía el comisario encarcelado.” Ahí es nada.

Sin embargo, ¿estamos en Correos tan lejos del sector privado? En este medio -y en otros-, hemos denunciado de forma sostenida la instauración de la lógica privada en el operador público, la priorización de la actividad relacionada con la paquetería y el comercio electrónico en detrimento del servicio postal universal (SPU). Las sucesivas Directivas de Correos, antes con Cuesta Nuín y ahora Serrano Quintana, han apostado todo a una reconversión de la empresa en una multinacional logística. Y este proyecto, está teniendo unas graves consecuencias en lo que a derechos laborales y calidad del servicio respecta. Sin ir más lejos, el altísimo número de contagios por COVID -debido a la falta de medidas efectivas para proteger la salud de los trabajadores- nos ha llevado a la plantilla de Correos, a ser la segunda más afectada del país (sólo por detrás del personal sanitario).

También en Eldiario.es, el 9 de diciembre, la periodista Laura Olías informaba sobre numerosas personas que habían perdido el derecho a prestaciones sociales (como el subsidio) debido a enormes retrasos en la llegada de las cartas informativas remitidas por el Ministerio de Trabajo. La noticia recoge que “Las jóvenes no comprenden que una carta que se envió el 6 de noviembre tarde prácticamente un mes en llegar a los destinatarios, dentro de territorio nacional. «Por desgracia, sí pasa», critica Virginia Hidalgo, representante de CGT Correos Madrid, que vincula los retrasos en las entregas de correspondencia con la falta de personal y «la subida enorme de paquetería que siempre tenemos desde antes del Black Friday, dado que la primera semana de noviembre está el día del soltero, que hacen en China y se ha extendido en todo el mundo».

Cuando decimos que se está arrinconando el servicio público y priorizando el negocio online de la paquetería, nos referimos exactamente a ejemplos como este.

Tres formas de dumping social

Partiendo de la base de que el sector de la distribución de mercancías a nivel internacional está dominado por grandes corporaciones privadas –con Amazon a la cabeza- esto supone una fortísima presión sobre los operadores públicos en forma de dumping social y laboral. Nos referimos a una práctica de competencia desleal mediante la cual las empresas reducen costes aprovechándose de los bajos salarios y condiciones precarias de sus plantillas.

Seamos claros. Un repartidor de una empresa privada de paquetería que trabaja diez horas al día (incumpliendo frecuentemente el horario estipulado), aporta su vehículo personal, no disfruta en muchas ocasiones del descanso semanal, cobra alrededor del salario mínimo interprofesional y puede ser despedido si decide organizarse sindicalmente (por más que sea un derecho democrático básico), resulta más atractivo para un empresario -cuya única finalidad es maximizar sus ganancias- que un trabajador público cuyos derechos laborales son más elevados, tiene mayores posibilidades de agruparse en sindicatos y dentro de sus tareas se encuentra la cobertura del SPU.

A esto se suma la cruda realidad del mercado laboral de nuestro país. España se caracteriza por unas condiciones de trabajo enormemente deterioradas y distantes de la media europea, con un peso cada vez mayor de la precariedad, la temporalidad y del poder empresarial así como por una tasa de paro estructural que presiona constantemente las condiciones laborales a la baja. Sin olvidar que la pandemia del COVID-19 no ha hecho más que profundizar todos estos problemas, aumentando la inestabilidad económica y disparando la incertidumbre de los trabajadores y nuestras familias.

No obstante, el dumping social que vivimos la plantilla de Correos no es únicamente indirecto (por presión del sector privado) sino que tiene otras causas generadas directamente por la Directiva. En primer lugar, los procesos de externalización de multitud de servicios y departamentos que en su día dependían de Correos (limpieza, mantenimiento, camiones, etc) han provocado una degradación evidente de las condiciones laborales al entregar éstos a la subcontrata de turno. Así de paso, han adelgazado la plantilla y fragmentado su composición. Privatización por la puerta de atrás.

Las recientes huelgas de los ruteros de Siatas en Madrid, dejan buena prueba de ello. A medida que parte del trabajo es puesto en manos de estas pequeñas empresas privadas -que se caracterizan por una pésima situación laboral- crecen las presiones sobre la plantilla pública para aumentar los ritmos y asumir cada día más carga de trabajo, al tiempo que se reduce la contratación y crece la explotación. Es la fórmula de “hacer cada vez más, con cada vez menos”.

En este punto, sería un avance importante que se lleve a efecto por parte del Gobierno, la modificación del Artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa y restringir la modificación unilateral de las condiciones del contrato por la parte empresarial.

En segundo lugar, la reconversión de Correos en un operador logístico multinacional también ha rediseñado la plantilla en un variopinto mosaico de relaciones contractuales, que promueven cada día el dumping laboral interno. La preocupante expansión de la eventualidad (que fluctúa en torno a un tercio de la plantilla de manera sostenida), la estructuralización de las jornadas parciales y la falta de control sobre los procesos internos de movilidad y cobertura de puestos, así como de la contratación y las bolsas de empleo eventual, generan por abajo una “tormenta perfecta” de la que solo se salvan los capitanes del barco.

Sin ir más lejos, de cara al próximo examen de consolidación de empleo, alrededor de un 26% de las plazas ofertadas en Madrid, son a tiempo parcial (hablamos de jornadas de 4 y 5 horas diarias o para trabajar fines de semana y festivos), siendo en algunos puestos base muy superior la cifra de plazas parciales que a jornada completa. Una expansión de la precariedad destinada a degradar, cada vez más, las condiciones generales, dificultar la organización de los trabajadores y extender la división dentro de una plantilla empobrecida y con menor capacidad de autonomía.

Hace apenas unos días tenían lugar movilizaciones en la zona del Vallès (Barcelona), algunos barrios de Madrid (como Vallecas) o más recientemente en las Islas Canarias, contra las reestructuraciones (recorte de secciones de reparto que suponen un aumento de la zona de reparto del cartero a la vez que disminuye los puestos de trabajo estructurales), la falta de contratación y una carga de trabajo que si bien es inasumible durante todo el año, en los meses cercanos a la Navidad, provoca una situación de estrés y presión completamente insoportable para la plantilla, viéndonos todavía más exigidos tras haberse disparado la compra online motivada por la crisis pandémica.

Incluso en lo relativo a las libertades sindicales y democráticas, aumentan los casos de vulneración de derechos básicos como el de huelga o prácticas autoritarias que en más de una ocasión, lesionan el libre ejercicio de la actividad sindical. Actualmente, Correos ha sido denunciado en Inspección de Trabajo (y también lo será por la vía judicial) por prácticas asociadas a lo que se conoce como esquirolaje interno. Sirvan de ejemplo, decenas de contratos asignados a un centro de trabajo justo el día que la plantilla comienza la actividad huelguística o la implementación de medidas organizativas extraordinarias con el objetivo de aminorar el impacto de las acciones llevadas a cabo por los trabajadores.

Esto me recuerda que conversando con un compañero acerca del nefasto panorama en Correos, me decía “en el sector público a veces estás más apaleado que en el privado, pero al menos puedes protestar”. Pues ya vemos que incluso esto se halla en tela de juicio.

Si comparamos ambos panoramas, llegamos a la conclusión de que el afincamiento de la lógica privada está acercando peligrosamente al operador público al precipicio de la competencia salvaje que impera en este mercado. En lugar de servir de referencia para tirar hacia arriba de las condiciones laborales de todo el sector, Correos se va hundiendo en las arenas movedizas de la destrucción de puestos de trabajo, la precariedad laboral, el aumento de la siniestralidad y la búsqueda de rentabilidad a corto plazo, propias del sector privado.

Volviendo al titular

¿A qué nos conduce un planteamiento como “vete a Amazon a ver qué tal”? O mejor dicho ¿qué se esconde detrás del mismo? Sin ninguna duda, esa vieja idea ultra-conservadora con olor a rancio de “no te quejes, que hay gente que está peor”. Comparte casillero con algunas consignas más propias de libros de autoayuda como “si la vida te da limones, pues haz limonada” y otras de origen religioso que propugnan que todos nuestros sufrimientos en vida se verán compensados en un más allá de ensueño. Al final, todas desembocan en una actitud de conformismo y resignación de los trabajadores ante la realidad social y laboral.

Es evidente, que estas formas ideológicas no se adoptan de forma masiva por simple voluntad y menos aún por estupidez de la gente. Como hemos visto, hay toda una serie de elementos objetivos, de causas materiales y tendencias económicas, que presionan enormemente a la clase trabajadora a ceder terreno en el conflicto social.

Al mismo tiempo, la debilidad de las alternativas que se contraponen a la hoja de ruta marcada por los grandes empresarios y accionistas para el desarrollo económico, que se resume en aquella famosa frase del ex presidente de la CEOE, Díaz Ferrán, “hay que trabajar más y cobrar menos”, dificultan que la mayor parte de la plantilla decida participar activamente en la pelea por mejorar sus condiciones y reconquistar derechos. No consideran que exista, en general, un proyecto de futuro que no sea el dibujado por la Directiva, y ven poca utilidad en respaldar las iniciativas de lucha que se impulsan desde algunos sectores sindicales. El crecimiento de las incertidumbres sociales de la mayoría trabajadora, provocan una reacción conservadora de mantener lo poco que se tiene. En la ecuación coste-beneficio, muchos trabajadores no creen que les salga a cuenta secundar una huelga, acudir a la reunión fuera del horario laboral y ceder parte de su tiempo libre a actividades encaminadas a defender lo colectivo.

No podemos obviar que gran parte de los derechos que aún mantenemos fueron adquiridos hace ya tiempo. Los hemos heredado sin pelearlos directamente. Incluso hoy, los derechos que se consiguen mantener o conquistar, no revierten únicamente en quienes han realizado tal o cual acción para ello, sino en el conjunto. Tal cosa, tiene un efecto colateral en muchos individuos que ven como sin haber movido un dedo, sin haber arriesgado nada, se han convertido en beneficiarios igualmente.

Necesitamos, entonces, una propuesta tangible e ilusionante, con objetivos concretos que despierten amplios apoyos y simpatías. Así podremos sumar a grandes sectores de la plantilla, activar la solidaridad de quienes cada día movemos la empresa y emprender estrategias colectivas de mejora.

Los nuevos tiempos llegan por Correos

Este es el actual lema de cabecera del operador público. Y no vamos a negar que como slogan sea estupendo. Asociar tu marca con futuro es un golazo en marketing. Sin embargo, hemos visto que nada bueno está llegando para la plantilla por el camino de la amazonización, ni tampoco a los usuarios de un servicio cada vez más deteriorado.

Pero nos llevan ventaja. Por un lado, porque cuentan con tales recursos y respaldos que los trabajadores no podemos ni imaginarlos. Pero, por otro, es evidente que ellos miran hacia un futuro lleno de ganancias para una minoría, y nosotros no somos capaces -por ahora- de poner encima de la mesa una alternativa creíble y que permita sostener un servicio fundamental para la ciudadanía.

Y es que, en mi opinión, el secreto está en lo público. No como consigna abstracta, sino como reivindicación concreta. Por más que pretendan limitar nuestra labor pública a la carta, lo cierto es que el componente social de Correos es mucho más amplio. Incluso, debido a la pandemia se ha visto reforzado. Al cerrar muchas administraciones y limitar los trámites presenciales, el personal de nuestras oficinas cada día facilita gestiones de primer orden, como la solicitud de prestaciones y ayudas sociales, certificados digitales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, gestiones y tramitación de títulos de la UNED, a través de ORVE (Oficina de Registro Virtual).

Tenemos que aceptar el reto de levantar una alternativa de Correos que profundice el carácter público de la mano de una gestión democrática entre administración, trabajadores y consumidores. En un país cada vez más desigual, podemos y debemos reforzar nuestro papel como cohesionador social.

Y para ello, es necesario edificar una súper empresa pública que no arrastre a quienes trabajamos en ella como infantería de las multinacionales, que fomente la creación de empleo estable y de calidad, realice una gran inversión en I+D+I (esa que sí hacen en Correos Exprés pero no en la matriz del Grupo), favorezca la transición digital y ecológica de nuestro país y, con el tiempo, se encuentre en condiciones de generar ganancias sociales, es decir, que reviertan en el conjunto de la población. De lo contrario, si seguimos la estela del modelo Amazon, mucho me temo que en breve, en otras empresas estarán diciendo “vete a Correos a ver qué tal”.