Correos y la encrucijada de la reconversión

En nuestro país los servicios públicos llevan décadas siendo un campo en disputa entre la esfera pública y la privada. Que son los empresarios quienes van ganando el partido resulta poco discutible. El traspaso de entidades públicas hacia el terreno privado es una constante desde los tiempos, primero de Felipe González y posteriormente de José María Aznar. Las consecuencias de esa política de adelgazamiento forzoso del peso de lo público en la economía española, las venimos padeciendo con cada vez mayor crudeza, especialmente, los trabajadores, la gente corriente.

Han pasado catorce años desde que en la Unión Europea los servicios postales fueran plenamente liberalizados a través de la Directiva 2008/6/CE. Actualmente, solo Francia y España mantienen el total de las acciones en manos del Estado, si bien tanto La Poste (2010) como Correos (2001) han tomado forma de sociedad anónima de capital público. Así pues, podemos descartar que lo que está sucediendo en Correos sea una anomalía estructural o el maquiavélico plan de tal o cual individuo.

El desmontaje de Correos como empresa pública cardinal en la cohesión social y territorial es un proceso largo y complejo que se remonta a las últimas décadas del siglo pasado. Para llegar al punto actual ha tenido que acontecer toda una secuencia de cambios orientados en la misma dirección: entregar los servicios postales al mercado y debilitar el papel del Estado en lo económico-social.

El pasado 13 de febrero se publicaba en El País una entrevista a José Manuel Serrano Quintana, actual Presidente de la entidad. El mensaje principal era transmitir que la logística será el pilar fundamental de la empresa, junto con la línea de ingresos que esperan recoger de las oficinas (aunque sin mencionar la presión diaria a la que están sometiendo al personal para aumentar las ventas).

Serrano tampoco desaprovechó la ocasión para reincidir en la caída del volumen de cartas, omitiendo que, año tras año, Correos pierde contratos en este ámbito, pasando millones de cartas a ser repartidas por empresas privadas como RD Post o Hispapost. Que los volúmenes de paquetería y de cartas llevan una tendencia inversa nadie lo niega. Sin embargo, este hecho se retuerce para intentar justificar el lanzarse sobre los brazos de la logística como única alternativa de futuro, obviando la cantidad de actividades de carácter público que realizamos -que son relevantes para Administraciones y usuarios- más allá del reparto de cartas, renunciando a iniciativas como recuperar la Caja Postal.

El progresivo desarraigo del ámbito público nos ha conducido a una situación crítica. Laboralmente, nuestros derechos se han visto recortados de manera integral. Empobrecidos salarialmente hablando, con la salud mermada por la exigencia de altos ritmos de trabajo y sobrecargas permanentes y consternados por ver cómo el servicio público que llevamos prestando tanto tiempo se degrada a marchas forzadas, completamente subordinado a los acuerdos firmados con las grandes multinacionales y las dinámicas del mercado privado.

Actualmente, la plantilla teme incluso por la supervivencia de Correos en los próximos años, mirando permanentemente a 2025, fecha en la que finaliza la asignación como prestador del Servicio Postal Universal. La incertidumbre se extiende entre las decenas de miles de trabajadores ante las fuertes fluctuaciones de la carga de trabajo, el abrupto descenso de la contratación, la pérdida de grandes clientes y vernos llevados a empujones hasta el precipicio de la salvaje competencia que caracteriza al uberizado sector de la logística y la distribución de mercancías.

La Directiva lleva tiempo poniéndonos entre la espada y la pared. Usando incluso empresas del propio Grupo Correos (en especial Correos Exprés) para minar el modelo público y aumentar la competencia entre las plantillas. La reforma de la “última milla” (cuya denominación corporativa es “Nuevo Modelo de Cartería”) constituye una piedra de toque clave en la reconversión promovida desde arriba. Si bien es cierto que los trabajadores postales hemos sufrido grandes recortes, la implantación de este “nuevo modelo” sería cualitativamente diferencial. Un golpe tal vez definitivo al Correos público que conocemos, con una organización del trabajo calcada a la de las empresas privadas del sector.

Este proceso de “amazonización” se ha vuelto insoportable para los trabajadores y exige una respuesta movilizadora, unitaria y contundente. Nos toca dar el primer paso a la plantilla y a las organizaciones sindicales, buscando ganar la empatía ciudadana y la implicación directa del Gobierno y el resto de actores institucionales. Defender Correos es tarea de todos. No podemos seguir funcionando como mera sociedad anónima y la mejor forma para ello es reconectarnos con la Administración incorporándonos al Estatuto Básico del Empleado Público. Ahora que se está hablando tanto de Correos, que la voz de la plantilla se escuche con claridad.