La paralización de inversiones por la subida de costes de los proveedores y contratistas es una realidad cada vez más frecuente que está afectando a la vida real de la gente en los barrios.
Las empresas se quejan de que los materiales les cuestan cada vez más (suben de precio de una semana a otra), y no les compensa hacer las obras que tienen contratadas con las administraciones.
En otras palabras, la economía capitalista no es capaz de ofertar todo lo que se demanda en la economía. Hay un shock en la oferta.
¿Cuáles son las causas fondo de esto?
En primer lugar, el shock de la pandemia de COVID en las cadenas de producción y suministro globales, que todavía sigue ahí.
En segundo lugar, el encarecimiento de materias primas y energía, provocada por la guerra en Ucrania, que va a ir a peor a no ser que se adopte una postura de resolución diplomática del conflicto, cosa que la OTAN y los partidos pro-guerra en España no quieren hacer.
En tercer lugar, las serias limitaciones que tienen las administraciones públicas en España en los distintos niveles a la hora de tramitar y procesar trabajo, debido a la escasez de personal provocada por la Ley Montoro y las directrices similares a nivel europeo. Son recetas de la anterior crisis que, con ajustes, siguen ahí vigentes.
Ante la inflación galopante, los economistas mainstream (liberales y keynesianos) manejan dos fórmulas:
1) Subir los tipos de interés, para encarecer el dinero.
2) Congelar los salarios (pacto de rentas), o bajarlos (creando desempleo).
Pero hay una tercera opción que es la que defendemos los marxistas.
Impulsar la inversión pública y la producción a través de la iniciativa pública directa, esto es, sustituyendo a la iniciativa privada. Pero una inversión pública suficiente para hacer esto requeriría un control significativo de los principales sectores de la economía, en particular la energía y la agricultura; y la acción coordinada a nivel mundial.
Es decir, no basta con una política de dar dinero público a la privada para que haga cosas, construya colegios, arregle carreteras. Tampoco basta con dar dinero público a los ciudadanos para que puedan pagar el alquiler, o el recibo de la luz. Hay que ir más allá de esto.
¿Qué posibilidades hay de ir más allá en España, hoy?
Pocas. Principalmente porque no hay fuerza social suficiente para forzar estas políticas en toda su dimensión. Estamos en un mínimo histórico de movilización social.
Además está el asunto, no menor, de que estas políticas contra-mercado, en su mayor parte, serían «ilegales» dentro del marco de los tratados de la UE, y requerirían un poder social enorme, coordinando a nivel de toda Europa a los principales sindicatos, la izquierda radical y movimientos sociales.
Pero lo que sí podemos exigir, y forzar con movilización social, es una política más firme y ambiciosa de nuestro gobierno a la hora de meter mano en la producción y a los supermillonarios. Ahí están instrumentos como TRAGSA, empresa pública que ya ha sido objeto de críticas de los constructores porque ha sido usada para hacer obras públicas que ellos no querían asumir.
O la posibilidad de usar la SEPI para adquirir participaciones del Estado en grandes empresas del IBEX, como las eléctricas o las constructoras, y así intentar condicionar su funcionamiento desde los consejos de administración.
O promover la Vivienda Pública Universal, a gran escala, de alquiler, de calidad y asequible, para frenar la subida de la vivienda haciendo dumping desde el Estado a los caseros, rentistas y grandes inmobiliarias. Estilo Viena. ¿Qué pasaría en la economía doméstica de la clase trabajadora si la casa solo te costase 150€ al mes?
O dejar de ser una sucursal de Washington y abandonar toda participación militar en la situación de Ucrania y así intentar aminorar el impacto económico de esta guerra en nuestros bolsillos.
AVISO A NAVEGANTES: a estas alturas de la película está claro que Pedro Sánchez y el PSOE no tienen ninguna intención de ser ambiciosos en esta cuestión.