En Correos nos hallamos inmersos desde hace mucho tiempo en una prolongada pelea por evitar el deterioro de un servicio público básico para la ciudadanía de nuestro país, así como por alcanzar unas condiciones laborales que permitan, precisamente, cumplir adecuadamente con nuestro principal cometido.
En ese marco y no en otro se enmarca la aspiración de alcanzar un nuevo convenio colectivo que repare los daños infligidos por el actual (que recordemos caducó hace una década y ha quedado claramente obsoleto), recuperando derechos perdidos y conquistando otros nuevos.
A las personas en general y a quienes nos organizamos para diferentes fines en particular, nos conviene no percibir la realidad como una fotografía estática sino como una película en movimiento en la que el pasado ha gestado el hoy y lo que hagamos hoy condicionará lo que ocurrirá mañana. El cortoplacismo es un mal compañero de viaje porque nos ancla con demasiada fuerza los pies al ahora y ello nos conduce a reaccionar como buenamente podemos ante los acontecimientos. Por eso, tener una perspectiva más amplia y más larga –eso que algunos llaman visión estratégica- es prácticamente una obligación.
Historia de una no-negociación
El 2022 acabó con una secuencia de huelgas generales auspiciadas principalmente por CGT que se extendieron también a principios de enero del año actual. Dichas movilizaciones no eran un fin en sí mismo (el objetivo no era su convocatoria) sino un medio para procurar desanudar una negociación del IV Convenio que lleva en el congelador desde hace alrededor de diez meses, dejando claro en esas protestas cuáles son las principales reivindicaciones de la plantilla postal.
Aunque en mi opinión una huelga que ha concitado tanta atención, apoyos activos y pasivos, que tuvo en contra todo un despliegue tanto empresarial en forma de presiones, bulos, medias verdades, sin olvidar el sinfín de horas extraordinarias ofertadas para mitigar los efectos de los paros e incluso casos de esquirolaje sindical, no puede catalogarse de forma simplista como fallida, es obvio que no sumó las voluntades suficientes para torcer la mano a la Directiva ni sacar del inmovilismo al sindicalismo mayoritario en Correos.
¿Y por qué se encuentra en stand-by el IV Convenio? Por un lado, es evidente que la empresa no está teniendo voluntad real de promover y desarrollar la negociación. En las reuniones que tuvieron lugar en los primeros meses del pasado año ni tan siquiera se dignaron a entregar un documento a modo de borrador. Tampoco la creciente conflictividad laboral les ha hecho retomar la mesa negociadora. El Presidente Serrano se mantiene frío como nuestros salarios.
Sin embargo, no podemos olvidar la otra cara de la moneda. Y es que las secciones sindicales de CCOO y UGT de Correos se han negado en rotundo -y desde el primer momento- a participar en dicha negociación, renunciando antes de comenzar el partido a la posibilidad de ganarlo. Mientras a lo largo y ancho del país, CCOO y UGT están negociando y firmando cientos de convenios, en Correos han adoptado una actitud diametralmente opuesta. En mi opinión, este hecho constituye una dejación de funciones muy grave y que debería pasarles factura en las elecciones sindicales que se vislumbran en el horizonte.
Estas secciones son conscientes de que juntas tienen la mayoría en la mesa sectorial y por tanto, la capacidad de firmar pero también de bloquear el nuevo convenio. Lo que parecen no tener en cuenta es que dentro de la plantilla existe un clamor por mejorar nuestros derechos, en especial los que afectan a salario, jornada, aumento del personal, conciliación y vigilancia de la salud.
A estas alturas, y con toda la información que ha trascendido en los últimos tiempos, nadie duda que el juego de CCOO y UGT Correos consiste en esperar que pueda producirse un eventual cambio de gobierno en las próximas elecciones generales y su viejo compadre Feijóo -desde Moncloa- sitúe al frente de la empresa pública a alguien de vuelva hacer sonreír a los señores Regino y Sayagués. En un artículo reciente, el perenne secretario postal de UGT decía “Sea quien sea el futuro gobierno de este país y partiendo de que el futuro gobierno será de quien se lo gane democráticamente (que para eso están las urnas). Al día siguiente de las elecciones, hay que recuperar la cordura en Correos”. Por eso llevan abonando el terreno al Partido Popular sobre todo desde el año pasado, y existe total identidad entre los argumentos de los parlamentarios de la derecha y la propaganda sindical vertida en numerosos comunicados por dichas centrales.
Asimismo, estos dos sindicatos son presa de su propio relato. Han elaborado una narrativa en la que, antes de Serrano, Correos era poco menos que un paraíso postal y bajo su gestión se habría tornado en un infierno cotidiano. De hecho, en la misma publicación Sayagués sentencia: “Hay algo que es inapelable. Serrano ha desestructurado (ojo, con la anuencia de quien tenía obligación de hacer un mínimo seguimiento de la apuesta que significaba su nombramiento) una empresa y servicio público que funcionaba aceptablemente. Ha destrozado los sistemas de control de gestión que funcionaban razonablemente. Ha sembrado el caos organizativo y el terror laboral consecuente, con 23 cambios de organigrama (el penúltimo lo anunciara el próximo martes) en 4 años laminando estructuras directivas de expertos profesionales postales que garantizaban un funcionamiento eficaz y eficiente como empresa y servicio público”.
Tal vez, este cuento pueda tener acogida entre el personal que ha llegado a la empresa más recientemente, pero quienes llevamos muchos años trabajando aquí sabemos que la milonga es de tamaño catedralicio. La historia del destrozo postal arrancó hace décadas y precisamente la troika responsable de reconvertir Correos en una sociedad anónima estatal (Feijóo-Regino-Sayagués), lo que supuso declarar al personal funcionario como un cuerpo a extinguir, introducir complementos salariales variables ligados a la productividad e ir sustituyendo la prioridad de dar un buen servicio público por la de la rentabilidad privada, tiene nula autoridad moral y credibilidad para diagnosticar e indicar cuál es el camino para la resolución de nuestros grandes problemas.
Ahora bien, que el presidente actual no sea el culpable de las doce plagas no significa que su papel al frente de Correos sea mínimamente defendible. Serrano se ha ganado con todo merecimiento la oposición y repulsa de gran parte de la plantilla por su desastrosa política empresarial, la negligente gestión de la pandemia y su inmovilismo ante la demanda de mejoras laborales que exigimos los trabajadores en materias cruciales.
Se abren oportunidades
Esta situación de encapsulamiento podría verse afectada por factores externos. Correos, a pesar de haber sido expulsada hacia el extrarradio del ámbito público y entregada su gestión a una lógica privada, sigue manteniendo vínculos con diferentes instituciones, administraciones o la propia Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Esto quiere decir que si en el marco del sector público institucional operan cambios estos también pueden repercutir sobre la compañía postal. En este sentido, tenemos sobre la mesa dos procesos que pueden ser relevantes. Nos referimos tanto al Anteproyecto de la Ley de Función Pública que se encuentra en desarrollo en estos momentos como al “Acuerdo Marco para una Administración Pública del siglo XXI”.
Cuando en Correos la parálisis en las negociaciones impide avanzar en derechos, que externamente se abran estas iniciativas, supone una ventana de oportunidad que puede darnos oxígeno. Al fin y al cabo, si tan importante es la consecución de un nuevo y buen convenio colectivo, no lo es menos el recosernos a lo público y desandar al menos una parte del sendero que nos ha llevado a estar en sus márgenes y asemejarnos a un híbrido de capital estatal pero gestionado como cualquier empresa privada. Tras décadas siendo empujados hacia la selva de competencia extrema (reconvertidos en SA en 2001, excluidos del EBEP en 2007, insertados de la SEPI en 2012…) podríamos conseguir un golpe de efecto que favoreciera volver a ser trabajadoras y trabajadores públicos de pleno derecho.
Para ello, diversas organizaciones están promoviendo una coordinación sindical dentro del sector público institucional, con el objetivo central de que todos estemos incluidos en la Función Pública por ley. A su vez, el “Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI”, si bien no concreta más que los porcentajes de subida salarial entre los años 2022 y 2024 del 8% fijo y el 1.5% variable (acuerdo alcanzado entre CCOO y UGT con el Gobierno Central en el último trimestre del pasado año), sí abre la posibilidad de implementar medidas de mejora en materias centrales, como la jornada, la despenalización de las incapacidades temporales o la movilidad interadministrativa.
En nuestro análisis no podemos dejar fuera el elemento electoral, que será un actor dominante a lo largo de todo este 2023. Es difícil determinar si los comicios darán lugar a oportunidades o por el contrario supondrán un tapón al desarrollo de las iniciativas mencionadas. Lo que es indiscutible es que, en época electoral los oídos políticos se abren más y aunque sea por mera captura de votos, en no pocas ocasiones lo que hasta entonces parecía imposible resulta que no lo era tanto. Claro que también hablamos de una época donde el número de promesas aumenta sobremanera sin que tengamos garantías de que las palabras no se las lleve el viento.
Todas estas oportunidades hacen del 2023 un año en el que hemos de mantener la participación, la presión y la movilización (en sus muy diversas fórmulas) para que pueda saldarse en positivo para el colectivo postal y el resto de la gente trabajadora.
Aunque también se ciernen amenazas
Una de ellas y que se antoja extremadamente preocupante es la que podría suponer el proyecto de nuevo Reglamento de Servicios Postales. Sin poder detenerme en exceso sobre este punto, el texto que tenemos sobre la mesa contiene empeoramientos significativos respecto al aún vigente de 1999. Sin duda, el más relevante es la desaparición del mandato de prestar los servicios incluidos en el SPU “todos los días laborables y al menos cinco días por semana”, el sueño húmedo de los lobbies de distribución y de algunos de sus voceros como el Ministro Escrivá, que llevan años presionando para desregular las obligaciones del servicio postal.
Esta modificación, si no llegase a repararse, podría suponer la pérdida de un derecho básico para la ciudadanía y al mismo tiempo tener un impacto directo sobre la propia plantilla de Correos, pues sin la obligación de ir todos los días a todos los domicilios del país, la Directiva se vería tentada de reducir todavía más el número de trabajadores y seguir importando a Correos el modelo laboral del sector privado.
Hay otros aspectos relativos al tratamiento de las notificaciones o las características de los envíos para poder entregarlos a domicilio que igualmente podemos considerar como retrocesos en comparación con el Real Decreto de 1999. Hay constancia de las alegaciones presentadas por CGT y otras organizaciones sindicales que esperemos lleguen a buen puerto.
Otra de las grandes amenazas y que se constata y agrava cada día es la gestión empresarial. Todo el mundo percibe que se dan palos de ciego y que en lugar de apostar por nuevas iniciativas públicas que modernicen las prestaciones de Correos reforzando su carácter social (ventanilla única, banca postal, etc), se promueven líneas de negocio de dudosa proyección que parecen más un empeño personal del presidente Serrano que estrategias plausibles de desarrollo de la compañía en base a necesidades demandadas por la ciudadanía.
Correos Cargo, Correos Frío, Correos Cash, Correos Market o la reconversión de las oficinas de atención al público poco menos que en cambalaches y al personal destinado en éstas en vendedores de mil y un cachivaches así como productos que nadie asocia con Correos como seguros de AXA o los suministros de Endesa, no están ofreciendo certezas a quienes trabajamos en la compañía postal ni garantizan la estabilidad y el crecimiento del empleo y de nuestro peso y utilidad sociales. Al contrario, lo que observamos es que mientras el servicio público que prestamos se debilita y degrada, las iniciativas de negocio en las que nos embarcan forzosamente parecen más una permanente necesidad de marketing y estruendo de una Directiva incapacitada para guiar la nave.
En su huida hacia adelante, lejos de cualquier tipo de rectificación y con la absoluta permisividad de los ministerios y organismos de los que depende Correos, Serrano derrocha el dinero público a manos llenas. Mientras la mayoría de la plantilla oscilamos un salario mensual de 1200 euros (a jornada completa), las medidas de prevención brillan por su ausencia, los centros de trabajo envejecen, faltan en muchas ocasiones materiales necesarios para desempeñar nuestras tareas adecuadamente, el dinero se fuga en licitaciones que resultan surrealistas.
La más escandalosa y reciente la encontramos en los 700.000 euros que la empresa pagará a una consultoría especializada en gestión del marketing para reconvertirnos a los trabajadores en los principales puntales de la transformación del modelo de negocio de Correos. Ellos lo llaman “generar entre las y los empleados el sentimiento de pertenencia y compromiso con la estrategia de la compañía”. Nosotros decimos claramente que es adoctrinamiento (estilo Amazon) y del caro.
Tampoco es una novedad -lo que impacta es sobre todo la abultada cifra- pues ya en el pasado hemos dejado constancia de la cantidad de ideología empresarial que nos han pretendido filtrar en los cursos formación. Me viene a la mente uno que se impartió poco antes del estallido de la pandemia en España y se titulaba “Diversos con sello propio”. Una formación supuestamente enfocada a mostrar las bonanzas de la empresa en materia de integración, inclusión y diversidad, iba mucho más allá y contenía algunas perlas como cuando al explicar las claves de nuestra sociedad actual afirmaba “existe una nueva relación laboral basada en las organizaciones planas, las jornadas no estáticas y el trabajo por proyectos focalizado en el individuo, no en el colectivo”. Bonita forma de enmascarar la fragmentación y descomposición de las plantillas para que no actuemos y busquemos soluciones de manera grupal. Impagable promoción del “qué hay de lo mío”.
Al igual que hemos señalado la “cuestión electoral” en el apartado de oportunidades, hemos de incluirla en lo relativo a las amenazas, pues mal nos ha ido al colectivo postal con PP y con PSOE y sus presidentes puestos a dedo (Feijóo, Cuesta Nuin, Serrano, etc). Desde que los populares cargasen hacia abril del 2022 contra la gestión de Serrano, Correos se ha convertido en un arma arrojadiza para atacarse los unos a los otros, sin que prácticamente nadie hable de las condiciones laborales, la calidad del servicio que prestamos y el papel de Correos en el futuro. Se ha llegado a un punto en el que si el PSOE cesase a Serrano, estaría reconociendo que el PP tenía razón y por tanto, no lo hará. A su vez, el PP saca pecho de sus años al frente de Correos, cuando su actual líder fue quien cavó al tumba –en forma de reconversión en sociedad anónima- a la que presidente tras presidente nos han ido arrastrando a la fuerza con la intención de enterrarnos.
Es imposible que a buena parte de la plantilla postal no nos entren sudores fríos con la idea de ver a Núñez Feijóo nombrando a un nuevo presidente de Correos que, junto a sus antiguos y fieles socios Regino y Sayagués, regresen bajo mando unificado a rematar la tarea que emprendieron de la mano en los inicios del siglo.
A modo de conclusión
Tras este largo repaso y valoración personal de la actualidad en Correos, es justo dar un cierre esperemos que coherente. Vamos con ello:
-En un contexto de bloqueo de la negociación del nuevo convenio, el proceso movilizador y las huelgas convocadas entre noviembre y enero, si bien no consiguieron desatascar el embudo, al menos han servido para visibilizar con claridad las reivindicaciones principales de la plantilla, destacando la extensión que ha experimentado la demanda de ser incluidos en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Hasta hace poco tiempo, raro era que salvo CGT se exigiese y ahora ha pasado a formar parte del “sentido común”.
-Las ventanas que se abren en el ámbito de lo público han de ser aprovechadas al máximo. Nuestra lucha va de conquistar derechos, sin corporativismos ni estrecheces, procurando entendernos con cuantas más organizaciones y plantillas mejor para sumar voluntades y aumentar la capacidad de presión.
-En un año electoral hay que mantener la tensión por todas las vías posibles a sabiendas de que, en ocasiones, se consiguen avances que en otros momentos resultarían mucho más complicados. Si bien es cierto que con PP y PSOE (únicos partidos que parece podrían ganar las elecciones generales) la hoja de ruta para Correos se ha mantenido inalterada, tendremos que evaluar a qué gobierno o coalición electoral resultaría más factible encimar y arrancar mejoras laborales y garantías para los servicios públicos.
En este sentido, desde mi punto de vista resulta poco cuestionable que es más fácil conseguir según qué mejoras con el Gobierno de coalición actual o reeditado que con un hipotético ejecutivo capitaneado por el nada moderado señor Feijóo montado a lomos del jamelgo Abascal.
Y una nota final. En 2025 finaliza la asignación del servicio postal universal que en 2010 se le hizo a Correos. Así pues, en principio, el próximo Gobierno será el que tenga que abordar la articulación futura de una prestación que, en base a las directivas europeas, no tiene por qué recaer sobre la compañía pública postal. Ocurra lo que ocurra tendremos que mantener el pulso.
Muy bueno
VIVA REGINO