Instituto Tricontinental
El 11 de septiembre de 1973, sectores reaccionarios del ejército chileno, liderados por el general Augusto Pinochet, abandonaron los cuarteles y derrocaron el gobierno democráticamente electo del presidente Salvador Allende y de la coalición Unidad Popular (UP). En el enfrentamiento durante el bombardeo al palacio presidencial conocido como La Moneda, Allende murió. Los militares y otras fuerzas de seguridad comenzaron un asalto contra los sectores organizados de la sociedad, haciendo detenciones masivas e instaurando un régimen de represión, que incluía asesinatos y centros permanentes de tortura y desaparición. Amplios sectores de la izquierda y el pueblo chileno fueron asesinados, el resto fueron recibidos en otros países donde se reagruparon y comenzaron la lucha contra la dictadura. Los movimientos de trabajadoras y trabajadores, despojados de sus líderes, fueron presa del gobierno neoliberal designado por el golpe. Muchos de los integrantes de este nuevo gobierno, dirigido por Pinochet (que se refería a sí mismo como el “Jefe Supremo de la Nación”), se habían formado en Estados Unidos, incluidos varios que habían trabajado con Milton Friedman en la Universidad de Chicago y que llegaron a ser conocidos como los Chicago Boys. Las políticas y programas socialistas del gobierno de la Unidad Popular fueron desmantelados. Chile entró en una fase de oscuridad, se convirtió en un laboratorio del neoliberalismo.
¿Por qué los soldados abandonaron los cuarteles la mañana del 11 de septiembre? Los argumentos esgrimidos sobre el orden público por el general Pinochet y su entorno no tienen fundamento. La verdad es que el golpe —concebido, preparado y ejecutado por EEUU, como demuestran numerosos documentos desclasificados— no tuvo lugar solamente ese día de 1973. El gobierno estadounidense, actuando en nombre de corporaciones transnacionales con sede en dicho país y de la burguesía chilena dependiente, nunca quiso que Allende ganara la presidencia. Desde que ganó democráticamente el 4 de septiembre 1970, se propusieron desestabilizar el gobierno de la Unidad Popular, plan que se puso en marcha cuando se posesionó en noviembre de ese mismo año.
Fue la política del gobierno de Allende de nacionalizar el cobre la que espoleó el golpe. Pero esta política —que había sido aprobada en el Congreso en julio de 1971— formaba parte de una discusión más amplia en el Tercer Mundo para crear un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), que reestructuraría y democratizaría el sistema económico internacional neocolonial y daría peso a los pueblos del Tercer Mundo y sus proyectos. La Conferencia de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD), liderada por el economista argentino Raúl Prebisch, redactó el borrador del NOEI, que se perfeccionó en su tercera sesión (UNCTAD III), celebrada en Santiago de Chile entre abril y mayo de 1972. Este borrador se discutió después en la cuarta cumbre del Movimiento de Países No Alineados, celebrada en Argel (Argelia) entre el 5 y el 9 de septiembre de 1973, donde la primera ministra de India, Indira Gandhi, informó a los demás dirigentes que Allende estaba enfrentando un gran desafío en su país, declarando que “esperamos una pronta normalización”.
El 1 de mayo de 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, pero en ese momento los ánimos para llevar adelante estas ideas simplemente no eran favorable. El golpe contra el gobierno de Allende se produjo no solo por su política de nacionalización del cobre, sino también porque había ofrecido liderazgo y ejemplo a otros países en desarrollo que pretendían implementar los principios del NOEI. En este sentido, el golpe contra Chile impulsado por Estados Unidos fue realmente un golpe contra el Tercer Mundo.
Soberanía y dignidad en Chile
El 17 de diciembre de 1969, los seis partidos que formaban la coalición Unidad Popular, liderada por Salvador Allende, dieron a conocer su programa. Estos seis partidos: el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, el Partido Socialdemócrata, el Movimiento de Acción Popular Unitaria y Acción Popular Independiente, se juntaron en torno a este documento y lo utilizaron en su campaña para las elecciones presidenciales, que se celebrarían el 4 de septiembre de 1970. El programa planteaba el problema de forma precisa y directa:
Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas, así como las crecientes dificultades que enfrentan empleados, profesionales, empleados pequeños y medianos y en las mínimas oportunidades de que disponen la mujer y la juventud (Unidad Popular, 1970: 3).
Nada de esto sorprendería a ninguno de los pueblos en África, Asia, ni en los demás países de América Latina. Ya en la UNCTAD II (1968) hubo consternación entre los 121 gobiernos participantes por la baja tasa media anual de crecimiento económico de los países en desarrollo, que había empezado a descender a mediados de los años 60 (ONU, 1968: 7). “Tremendos problemas de pobreza, desnutrición, desempleo y subempleo siguen afectando a millones de personas en el planeta”, escribió la UNCTAD en una declaración resumen de la conferencia. “Esto es deprimente, pero también es un reto: las necesidades deben ir acompañadas de acciones: acciones urgentes y concertadas”. Sin embargo, quienes emitían este llamado a la acción —que resonaba con el tono de la campaña electoral de la Unidad Popular— eran conscientes de las limitaciones impuestas por el sistema mundial neocolonial. “No hay que olvidar que la situación actual ha sido causada por ciertas potencias que actúan en su propio interés, potencias que siguen controlando una gran parte de la economía internacional y obstaculizando el desarrollo de las jóvenes naciones”, continuaron los países participantes (77-78).
El programa de la Unidad Popular intentaba explicar por qué la población de Chile —un país rico en recursos naturales, especialmente cobre— estaba luchando por sobrevivir:
Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, lo que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente (Unidad Popular, 1970: 4).
La coalición de la Unidad Popular de Allende se enfocó en el cobre, uno de los metales comerciales no ferrosos más importantes del mundo moderno. Alrededor del 20% de las reservas de cobre conocidas en el mundo estaban en Chile, aunque también había reservas sustanciales en Estados Unidos, la Unión Soviética, Zambia, Zaire y Canadá (Tesar y Tesar, 1973: 9). EE. UU. era el mayor importador mundial de cobre, que procesaba para uso industrial, y la Gran Minería, formada por tres transnacionales estadounidenses (Anaconda, Kennecott y Cerro), representaba más del 80% de la producción de cobre de Chile.1
Los altos precios del cobre y las elevadas ganancias de la Gran Minería en la década de 1960 aumentaron la presión para una rápida nacionalización. En 1966, el presidente de Chile, Eduardo Frei, en respuesta a la creciente presión, comenzó una política de “chilenización” del cobre, que significaba que las empresas estadounidenses se desprenderían gradualmente de la propiedad (aunque, a pesar de esta nueva política, las ganancias de la Gran Minería aumentaron espectacularmente entre 1965 y 1971) (Johnson, 1973: 28). Como resultado de la creciente presión popular para utilizar los recursos naturales de Chile en beneficio de su pueblo, ambos candidatos a las elecciones presidenciales de 1970, Allende por la Unidad Popular y Radimiro Tomic por la Democracia Cristiana, apoyaron la nacionalización (Zauschquevich y Sutulov, 1975: 42-48; Girvan, 1972).
En diciembre de 1970, el gobierno de la UP envió al Congreso una propuesta de enmienda constitucional para nacionalizar las minas de cobre en manos de la Gran Minería, que no recibiría ninguna compensación adicional. El argumento esgrimido por el gobierno para negarse a pagar una indemnización —validado por la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL)— fue que la Gran Minería ya se había beneficiado de décadas de ganancias excesivas que habían salido del país y dejado a las minas considerablemente agotadas (CEPAL, 1972: 118). Este posicionamiento de la UP marcó un fuerte distanciamiento de los demás partidos políticos, que sostenían que la Gran Minería sí debía ser indemnizada.
El 21 de diciembre, Allende habló en la Plaza de la Constitución y dijo: “Deseo entregar algunas cifras” (1971a: 71). Después de mostrar cómo Chile había sido “desangrado”, dijo tajantemente:
No se paga indemnización alguna por los yacimientos (…) Estamos actuando dentro de los cauces juridicos y legales. Y, además, puedo recordar que las Naciones Unidas han reconocido el derecho de los pueblos a nacionalizar las riquenzas fundamentales que están en manos del capital foráneo (74-77).
Allende se refería a la resolución de la Asamblea General de la ONU (1962) relativa a la Soberanía permanente sobre los recursos naturales. El 10 de julio de 1971, que se conmemora hoy como el Día de la Dignidad Nacional, el Congreso Nacional de Chile aprobó la ley No. 17450, ratificando así la nacionalización del cobre.
El gobierno de la Unidad Popular tenía la expectativa de utilizar los mayores ingresos procedentes de las exportaciones de cobre para financiar su programa de transformación de la vida. Y así lo hizo, estableciendo reformas sanitaria, educativa y agraria, construyendo viviendas para la clase trabajadora y el campesinado, e implementando un programa que entregaba medio litro de leche gratis por día a la niñez. Para 1973, 3,6 millones de niñas y niños recibían leche a través de este programa, lo que redujo drásticamente la tasas de desnutrición infantil, que bordeaban el 20% antes de la llegada de la UP al poder (Amorós, 2008: 160-161; Mönckeberg, 2003).
El 13 de enero de 1971, en la inauguración de una nueva escuela sindical en la Universidad de Chile en Valparaíso, Allende declaró que su país era un “laboratorio social” y que estaba en medio de “un hondo y profundo proceso revolucionario (…) que tiene las características esenciales de ser hecho dentro de la realidad chilena” (1971b: 99-100). El que Chile estableciera soberanía sobre su economía abriría ahora “la vía chilena al socialismo”. Desde los afuerinos (campesinos sin tierra) hasta las enfermeras, el gobierno de Allende prometía una nueva realidad, un futuro socialista.
Chile y el Nuevo Orden Económico Internacional
En 1971, Chile se convirtió en el miembro de pleno derecho número 55 del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), alrededor de una década después de la formación de este grupo en 1961. Hasta la tercera cumbre del MNOAL, celebrada en Lusaka (Zambia) en 1970, en la que Chile fue una de las 12 naciones observadoras, Cuba había sido el único país latinoamericano miembro de pleno derecho. El MNOAL y la UNCTAD incubaron las discusiones sobre el Nuevo Orden Económico Internacional, una propuesta con la que los países del Tercer Mundo buscaban transformar el sistema mundial neocolonial uniéndose alrededor de la necesidad de controlar sus recursos naturales y establecer su propia capacidad industrial. Parte de este nuevo dinamismo se ejerció políticamente, ya que los países africanos y asiáticos insistieron en que la tercera sesión de la UNCTAD tuviera lugar en un país en desarrollo y no en Ginebra. Allende propuso que Santiago acogiera la sesión, lo que se aceptó tras algunas deliberaciones (Harmer, 2011: 82-83). Cuando Allende participó en la ceremonia de la primera piedra del edificio2 donde se celebraría la sesión (en La Alameda, la gran avenida del centro de Santiago), dijo que este foro internacional permitiría a las naciones en desarrollo “dar a conocer la dramática situación de sus países subdesarrollados” (ONU – UNCTAD, 1961-1971: 23).
El nuevo edificio de la UNCTAD estaba a menos de diez kilómetros de las oficinas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), creada por la ONU, donde economistas de toda América Latina habían desarrollado, desde su fundación en 1948, la teoría de la dependencia. Esta teoría afirmaba que el mundo se rige por un sistema neocolonial en el que los países centrales (las potencias imperialistas) dominan a la periferia (los países en desarrollo) mediante de la reproducción de las ganancias de la era colonial, que se daba a través de los términos de comercio desiguales establecidos que utilizaban a la periferia como fuente de materias primas y mercado para productos finales; y a través del uso de la ayuda al desarrollo para impulsar un ciclo de deuda-austeridad que atrapaba los países de la periferia (Instituto Tricontinental, 2023; Fajardo, 2022). Pedro Vuscovic, uno de los cepalistas, se convirtió en el ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, introduciendo esta teoría en el programa de la Unidad Popular y en las políticas del gobierno (Vuscovic, 1970, 1972). Por un momento, Chile fue el centro del proyecto de ruptura del sistema neocolonial mundial y de instauración del NOEI. Estos son algunos de los principales elementos que el gobierno estadounidense y las corporaciones transnacionales han tratado de ignorar como las razones para el golpe de Estado civil-militar.
En la inauguración de la UNCTAD III en 1972, Allende pronunció un discurso monumental. La misión básica de la conferencia, dijo, era:
sustituir un orden económico-comercial caduco y profundamente injusto por uno equitativo que se funde en un nuevo concepto del hombre y de su dignidad, y reformular una división internacional del trabajo intolerable para los países retrasados, porque detiene su progreso, mientras favorece únicamente a las naciones opulentas (1972: 16).
Las naciones ricas defienden sus privilegios con “infatigable tenacidad”, dijo Allende, y es por esto que las naciones pobres tienen que unirse y ser claras sobre sus objetivos. Los países presentes no tienen elección porque “Si se perpetúa el actual estado de cosas, 15% de los habitantes del Tercer Mundo está condenado a morir de hambre” (2-3). Allende planteó cinco cuestiones clave que, en su opinión, debían ser abordadas para la transformación del orden mundial capitalista neocolonial en otro basado en el progreso de humanidad:
1. Reformar los sistemas monetarios y comerciales. Los Estados del Tercer Mundo tuvieron una representación mínima en la Conferencia de Bretton Woods de 1944 en EE. UU., donde se crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y estuvieron totalmente ausentes (con la excepción de algunas colonias) cuando los países occidentales crearon el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT por su sigla en inglés) en 1947. Como resultado, estos sistemas monetarios y de comercio fueron diseñados para beneficiar a las naciones ricas. El Tercer Mundo creó la UNCTAD como plataforma para replantear estos sistemas, pero, desde su fundación en 1964, Occidente intentó marginarla e impedir que los Estados poscoloniales introduzcan sus perspectivas en el debate sobre la política monetaria y de comercio. En 1971, Estados Unidos abandonó unilateralmente el patrón oro, consagrando el dólar como la moneda fiduciaria mundial, y para 1973 en la ronda de negociaciones del GATT en Tokio, EE. UU., la Comunidad Económica Europea y Japón habían comenzado a reconsiderar el sistema monetario y comercial sin considerar en absoluto los aportes del Tercer Mundo. Ante este escenario, dijo Allende, la UNCTAD necesita construir un sistema de comercio que de prioridad al aumento del consumo popular, a la erradicación del hambre y el analfabetismo, y a la regulación del poder de las empresas transnacionales.
2. Anular la carga de la deuda. En la reunión del Banco Mundial en Nairobi (Kenia) en 1973, alrededor de un año después del discurso de Allende en la UNCTAD III, el presidente del banco, Robert McNamara, argumentó que la “esencia del problema de la deuda” no es su volumen, sino que “la deuda y los pagos de la deuda están creciendo más rápido que los ingresos necesarios para cubrirlos”. Los países del mundo en desarrollo están intentando atraer financiamiento no para la inversión de capital, sino para pagar el servicio de su deuda (McNamara, 1973: 8).
En la UNCTAD III, Allende señaló que la deuda de los países en desarrollo ya había alcanzado 70.000 millones de dólares. Estas deudas son, dijo: “contraídas, en gran parte, para compensar los perjuicios de un injusto intercambio comercial, para costear el establecimiento de empresas extranjeras en nuestro territorio, para hacer frente a especulaciones con nuestras reservas” (1972: 10).
Documentos clave, como la Declaración de Lima del G77 y la resolución de la Asamblea General de la ONU Aumento de la carga del servicio de la deuda (ambos publicados en 1971), ya habían planteado esta noción, urgiendo a los acreedores a reconsiderar sus acciones “a fin de evitar a largo plazo las crisis relacionadas con la deuda” como lo puso Naciones Unidas (ONU, Asamblea General, 1971).
3. Consolidar el control sobre los recursos naturales. En mayo de 1969 en Viña del Mar (Chile), los gobiernos de América Latina subrayaron la necesidad de hacerse con el control de sus propios recursos naturales. El texto que surgió de esta reunión, el Consenso de Viña del Mar, influyó en la Declaración de Lima de 1971, la que Allende citó literalmente durante la UNCTAD III:
El reconocimiento de que todo país tiene derecho soberano de disponer libremente de sus recursos naturales en pro del desarrollo económico y del bienestar de su pueblo; toda medida o presión externa, política o económica, que se aplique contra el ejercicio de este derecho es una flagrante violación de los principios de libre determinación y de no intervención, según los define la Carta de las Naciones Unidas y, de aplicarse, podría constituir una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales (Allende, 1972: 11).
“Chile ha nacionalizado el cobre”, dijo Allende (Ibid. 11), y esta nacionalización se ha pagado con las ganancias excesivas robadas por el conglomerado del cobre. El gobierno de la Unidad Popular no se limitó a afirmar ideales, dijo Allende, sino que había puesto estas ideas en práctica “con profunda convicción” (Ibid. 4).
4. Afirmar el derecho de las naciones a la ciencia y la tecnología. “Dejaron también al Tercer Mundo al margen del avance científico y nos exportaron una tecnología que muchas veces constituyó un medio de alienación cultural y de incremento de la dependencia”, planteó Allende (1972: 6). Países como Chile necesitan desarrollar su propia capacidad científica y tecnológica y necesitan colaborar con otros países para crear “seleccionar la tecnología en función de nuestras necesidades y nuestros planes de desarrollo” ( 13).
5. Construir una economía de paz. La necesidad del momento, dijo Allende, “sería reconvertir una economía de guerra en una economía de paz”, utilizar el desperdicio gastado en guerra y armamento para “cimentar una economía mundial solidaria” (14). En 1970, el Stockholm International Peace Research Institute [Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz] señaló que el 7% del PIB mundial se destinaba a gasto militar, “equivalente al ingreso total de la mitad más pobre de la población mundial” (1970: 3). Un recorte en el gasto en armas, dijo Allende, financiaría grandes obras y programas destinados a estos países [del Tercer Mundo] (1972: 14).
En abril de 1972, William Jorden, el asistente para asuntos latinoamericanos del Consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Henry Kissinger, escribió que Allende estaba “posicionándose cada vez más como líder del Tercer Mundo” (Harmer, 2011: 61). El ejemplo de “la vía chilena al socialismo”, proyectado por la agresiva nacionalización chilena de sus reservas de metales, proporcionó a Allende el prestigio necesario para erigirse como una voz clara del Tercer Mundo a medida que impulsaba el NOEI. Como resultado, el liderazgo de Chile junto con la persistente labor diplomática de otros Estados del Tercer Mundo, incluido México, empujó a la UNCTAD III a aprobar la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que fue eventualmente adoptada por la Asamblea General de la ONU como una resolución en diciembre de 1974.3
A pesar de que los ejemplos de avance en la UNCTAD III fueron mínimos, la sensación general en el Tercer Mundo era que el cambio era inevitable.4 La Tríada (Estados Unidos, Europa y Japón) hizo todo lo posible para detener el NOEI y con ese fin formó el G7 en 1973. En la primera reunión del G7, Helmut Schmidt de Alemania Occidental dijo que los líderes occidentales no pueden permitir que “funcionarios en algún lugar de África o en alguna capital asiática” tomen decisiones sobre la economía mundial. El primer ministro del Reino Unido, Harold Wilson, concordó, añadiendo que tales decisiones deben ser tomadas por “el tipo de personas sentadas alrededor de esta mesa” (Prashad, 2013: 53-54).
Qué hacen los golpes
El 5 de agosto de 1970, un mes antes de que Allende ganara las elecciones presidenciales, el gobierno estadounidense ya estaba pensando en “tomar medidas para derrocar a Allende”, como escribió el subsecretario de Estado, John Crimmins, al embajador de EE. UU. Edward Korry (Kornbluh, 2013: 7). Doscientos años antes, en 1823, Estados Unidos promulgó la Doctrina Monroe, que establece claramente que Europa no debe interferir en las Américas porque el hemisferio era el “patio trasero” de Estados Unidos.5 Las intervenciones en América Latina, desde la apropiación de un poco más de la mitad de los territorios de México en 1848, pasando por la anexión de Cuba y Puerto Rico en 1898 hasta el derrocamiento de una serie de gobiernos en todo el hemisferio, se convirtieron en algo habitual. En 1964, el gobierno de Estados Unidos ayudó abiertamente a los militares brasileños a derrocar el gobierno democráticamente elegido de João Goulart, estableciendo una dictadura militar que duró 21 años y que instigó al gobierno estadounidense a instaurar dictaduras militares en toda Sudamérica (Bolivia, 1971; Uruguay, 1973; Chile, 1973; Perú, 1975; Argentina, 1976) a través de lo que se conoce como Operación Cóndor.
A pesar de gastar millones de dólares en la Democracia Cristiana en la década de 1960, el gobierno de Estados Unidos no pudo evitar la victoria de Allende. Trece días después de las elecciones, el gobierno estadounidense estableció el Proyecto FUBELT para intentar impedir que Allende tomara posesión y en caso de hacerlo, desestabilizar a Chile y destituirlo. Como señaló el Grupo de Trabajo sobre Chile de la CIA en el Informe de situación No 2, “hay ahora una posibilidad de golpe de Estado en el viento” (Kornbluh, 2013: 2).
El gobierno de Estados Unidos intentó por todos los medios derrocar a Allende. Esto incluyó un complot militar que resultó en el asesinato del oficial militar de más alto rango de Chile, el general René Schneider, así como una campaña de presión para que el predecesor de Allende, el ex presidente Frei, anulara las elecciones y tomara el poder. El embajador de EE. UU., Eduard Korry, reunió a líderes empresariales en la embajada y les dijo que “ni una tuerca ni un tornillo podrán llegar a Chile bajo Allende” (Ibid. 17). Korry y su sucesor Nathaniel Davis trabajaron cercanamente con miembros del Club de los Lunes, un grupo de líderes empresariales chilenos, propietarios de periódicos, en especial El Mercurio, y políticos de derecha, que se reunían todos los lunes en el despacho de Hernán Cubillos (que sería el ministro de Relaciones Exteriores de Pinochet entre 1978 y 1980), en la calle Lord Cochrane, en Santiago. Korry, que lideraba el club, no perdió tiempo en poner en práctica la instrucción del presidente Nixon del 15 de septiembre de 1970, de “hacer chillar la economía” (Ibid. 36).
El gobierno estadounidense impidió que Chile accediera a dólares a través de los canales comerciales y cortó la ayuda; además, presionó a las compañías navieras para aumentar el precio de los fletes, y animó a las empresas transnacionales expropiadas a apoderarse de activos chilenos en el extranjero. No ayudó al gobierno de Allende que los precios del cobre se desplomaran en 1971.
El gobierno de la Unidad Popular sufrió con este estrangulamiento económico, pero se las arregló para mantenerse. De hecho, como un indicador de su resistencia política, la UP ganó el 43,39% de los votos en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, una votación mayor que la de Allende en 1970 y mucho mayor de lo que esperaba el propio partido o el gobierno estadounidense. Como le dijo el embajador Nathaniel Davis a Washington, las políticas del gobierno de Allende han hecho que la población esté “materialmente mejor” y “sin duda dispuesta a pagar algún precio económico” por un “mayor sentido de la dignidad y la satisfacción de derrotar a las clases altas” (Harmer, 2011: 205).
Un mes después, Frei y otras fuerzas políticas pro capitalistas, como las describió la CIA:
…llegaron a la conclusión de que en todo el llamado Tercer Mundo, el sistema capitalista tradicional no es capaz de hacer realidad las aspiraciones y metas de desarrollo. Frei también ha quedado impresionado por el relativo éxito y la velocidad con que Allende (…) ha desmantelado los bastiones existentes de poder económico existentes hasta entonces (…) y reconoce que él no puede revertir mucho de lo que la UP [Unidad Popular] ha hecho” (205-206).
En otras palabras, los partidos clásicos de la derecha chilena había reconocido su derrota, entonces, había que convocar a otras fuerzas —más duras— para aplastar “la vía chilena” y el proyecto del Tercer Mundo. Estas fuerzas se agruparon alrededor de Pinochet, que el 11 de septiembre envió sus tanques fuera de los cuarteles para derrocar al gobierno de la Unidad Popular. Dos años después, el papel de Estados Unidos en la organización del golpe quedó a la vista de todos debido a las revelaciones del informe del Comité Church (Senado de Estados Unidos, 1976), aunque las implicaciones del informe no se han digerido completamente en todo el mundo.6
Antes del golpe, grupos de extrema derecha pintaron la ominosa consigna “Ya viene Yakarta” en paredes por todo Santiago (Corvalán, 2003: 247), conjurando la memoria de la muerte de más de un millón de comunistas, sindicalistas, campesinos organizados, artistas y simpatizantes de la izquierda en Indonesia a manos del régimen golpista del General Suharto, instalado en 1965 para desplazar al gobierno de izquierda del Presidente Sukarno (Bevins, 2020). Las palabras en los muros de Santiago anticipaban la violencia que se repetiría en todo el país, cuando el régimen golpista de Pinochet asesinó a miles de personas, encarceló a decenas de miles más y exilió a cientos de miles, trabajando en estrecha colaboración con la CIA para acabar clínicamente con la izquierda del país y enviar una lección a cualquier proyecto del Tercer Mundo que intentara establecer su soberanía y autodeterminación.7
La violencia del régimen golpista dio forma a las instituciones estatales de Chile y a la impunidad de la policía de seguridad, los carabineros, en las décadas siguientes. El brutal asesinato de artistas de fama mundial como Pablo Neruda y Víctor Jara ilustró el profundo odio del régimen hacia la izquierda y nula preocupación por la condena internacional a su violencia. La Constitución de 1980 de Pinochet —que sigue vigente a pesar de la vuelta a la democracia en 1990 y los esfuerzos posteriores por cambiarla—continúa dando al Ejecutivo poderes de emergencia para suspender los derechos civiles, que utilizó con efecto letal contra las protestas de 2011-2013 y 2019.
En 1969, un grupo de economistas en Chile elaboró el informe El ladrillo.8 Su prólogo fue escrito por Sergio de Castro, formado en la Universidad de Chicago, que llegaría a ser ministro de Hacienda de Pinochet. Junto con Carlos Massad (director del Banco Central de 1967 a 1970 y de 1996 a 2003), De Castro fue a Chicago como parte de un programa establecido por la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller (Campos, 2013; Edwards, 2023). De Castro, Massad y el resto de los Chicago Boys impulsaron una agenda de terapia de shock, que incluyó severos recortes al gasto gubernamental, liberalizar las importaciones y utilizar las instituciones estatales para dar ventajas a los grandes conglomerados empresariales.
Estos conglomerados incluían corporaciones transnacionales y empresas de propiedad de personas del círculo cercano a Pinochet, como el Banco Hipotecario y de Fomento de Chile y el imperio Cruzat-Larraín, conocidos colectivamente como “los Pirañas”. Para 1978, Cruzat-Larraín controlaba 37 de las 250 empresas más importantes de Chile, mientras que Vial controlaba 25 de ellas (Monckeberg, 1980: 25-29). José Piñera, uno de los Chicago Boys y hermano mayor de Sebastián Piñera (quien fue presidente de 2010 a 2014 y de 2018 a 2022), se propuso destruir las leyes laborales y desmovilizar a los sindicatos a través de su posición como ministro de Trabajo. Los Chicago Boys utilizaron a Chile como un laboratorio para su religión neoliberal, invitando a dos sacerdotes del neoliberalismo a Chile para reunirse con Pinochet: Milton Friedman en 1975, que fue junto con el economista del régimen golpista brasileño Carlos Langoni; y Friedrich Hayek en 1977.9Las políticas de Pinochet produjeron un boom para los ricos, junto con profundo sufrimiento para la vasta mayoría de la población.
A pesar de la brutal y sistemática represión del régimen golpista, las tradiciones políticas que provenían de la experiencia de la Unidad Popular se reconstituyeron y comenzaron un proceso de resistencia que —finalmente— derrotaría el golpe. El Partido Comunista (cuya dirección había sido asesinada cuatro veces), el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y otras agrupaciones de izquierda valientemente juntaron sus filas y comenzaron un proceso de organización y sabotaje, así como de socorro a una población desesperada y aterrorizada. Un golpeado movimiento sindical, que durante mucho tiempo había sido la columna vertebral de la izquierda chilena, encontró su empuje con nuevos líderes como Óscar Piño en la fábrica de Goodyear en Santiago. Precisamente a causa de estos avances, varios de estos líderes fueron luego asesinados, como Tucapel Jiménez, fundador de la federación sindical Grupo de los Diez, que representaba 500.000 trabajadores cuando fue asesinado en 1982.
Con el impulso de las organizaciones populares de subsistencia que se formaron rápidamente tras el golpe —como ollas comunes, bolsas de cesantes y comedores infantiles—, y de movimientos sociales pioneros como el sindical y el de derechos humanos —liderado por diversas agrupaciones de familiares de víctimas de la represión—, la sociedad civil fue reconstruyendo los lazos sociales y las solidaridades políticas. Socorro y resistencia iban de la mano, un pueblo valiente que se mantenía firme contra el régimen golpista que le habían impuesto. Pronto también tomaron forma el movimiento de mujeres y el movimiento de pobladores. Una década después del golpe, el pueblo volvió a las calles para luchar contra la dictadura y por una vida digna. Resulta significativo que la primera Jornada Nacional de Protesta, el 11 de mayo de 1983, se inspirara en la huelga de los mineros del cobre de ese año y estuviera dirigido por el resurgente movimiento sindical.
Innumerables actos de solidaridad con las y los trabajadores chilenos se difundieron por todo el mundo, diversos sindicatos y organizaciones participaron en un movimiento internacionalista solo comparable con el movimiento por la paz y contra la guerra estadounidense contra Vietnam. Los gobiernos y movimientos políticos de los países no alineados mantuvieron una actitud de simpatía y colaboración con las fuerzas democráticas de Chile y del mundo. Este movimiento de solidaridad internacional, incluso en el Tercer Mundo, nunca dejó que Pinochet lograra respetabilidad.
Si la consigna del bloque imperialista en anticipación del golpe era “ Ya viene Yakarta” la consigna para cualquier proyecto que quiera establecer la soberanía del Tercer Mundo y la dignidad de los pueblos es “Ya viene Chile”.
Publicación original: El golpe contra el Tercer Mundo: Chile, 1973 – 5 de septiembre de 2023 – Instituto Tricontinental de Investigación Social
- En 1970, solo seis empresas multinacionales poseían el 60% de la producción mundial de cobre: las tres empresas estadounidenses mencionadas, dos británicas (British Insulated Callender’s Cables y IMI Refiners) y una belga (Metallurgie Hoboken-Overpelt) (Tesar y Tesar, 1973: 9). ↩︎
- El edificio para la conferencia se construyó en un tiempo récord y las y los trabajadores contratados contaron con la ayuda de voluntarios y voluntarias. Tras el golpe, el edificio se utilizó como sede de la junta militar, ya que La Moneda había sido bombardeada. Parte del edificio es ahora el Centro Cultural Gabriela Mistral. ↩︎
- En 1970, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU nombró Relator Especial al diplomático iraní Manouchehr Ganji. El informe de Ganji, The Widening Gap: A Study of the Realisation of Economic, Social, and Cultural Rights (1973), hacía hincapié en las debilidades económicas y políticas del Tercer Mundo y sugería que la lucha por los derechos humanos debía relacionarse con la lucha por un nuevo orden económico internacional. ↩︎
- El ministro de Relaciones Exteriores de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, declaró en 1972 que «el camino hacia la emancipación económica del Tercer Mundo (…) no pasa por la UNCTAD», pero él desempeñó un papel destacado en la IV Cumbre del MNOAL en Argelia, donde se sentaron las bases para la resolución sobre el NOEI en la Asamblea General de la ONU (Harmer, 2011: 163). ↩︎
- Aunque entre 1810 y 1814 el gobierno estadounidense envió a Joel Roberts Poinsett a Argentina y Chile para ayudar en la guerra contra el Imperio español y poner los intereses estadounidenses en primera línea en esos países. ↩︎
- Gran parte de este material –y más comunicados de la CIA y de los papeles de Nixon– se ha recopilado en The Pinochet Files (Kornbluh, 2013). Para una visión más amplia de las injerencias e intervenciones de Washington, véase Washington Bullets (Prashad, 2020). ↩︎
- Aunque siguen siendo objeto de controversia, las cifras oficiales pueden consultarse en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991), conocido como Informe Retting, y en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2004), conocido como Informe Valech. Véase también: Harmer, 2011: 220-225. ↩︎
- El libro fue publicado en 1992 por el Centro de Estudios Públicos, creado en 1980 para coordinar el trabajo de los Chicago Boys. ↩︎
- El viaje de Friedman es bien conocido, pero no lo es tanto el de Hayek (Caldwell y Montes, 2015). ↩︎