3.3. Socialización de las palancas económicas

3.1. Los sectores clave en manos de la colectividad

Si los gigantes financieros no son capaces de evitar situaciones que requieren que la comunidad les rescate, ¿cuál es el argumento para dejar que las empresas privadas sigan ejerciendo este tipo de actividades? El capitalismo moderno funciona permitiendo que las grandes empresas privadas puedan obtener grandes beneficios cuando la cosa marcha bien y rescatándolos (temporalmente) gracias al Estado – por tanto, a cargo de los contribuyentes – cuando las cosas van mal, haciéndose cargo de los riesgos y las pérdidas. Si eso es así, ¿por qué no retomar definitivamente en manos públicas las actividades de estas palancas económicas?

La pregunta es pertinente. En la economía no puede haber sectores que digan: “Venga, venga, obtengamos las máximas ganancias posibles. Si la cosa sale mal, el contribuyente pagará los platos rotos.” Y esto no debería ocurrir especialmente en sectores que no se pueden dejar quebrar porque llevarían al caos. Estos sectores deben estar en manos públicas. Es algo completamente lógico.

De esta manera, por lo menos se crearía la posibilidad de lograr un control democrático real. Esto es aplicable al sector bancario, pero también a otros sectores económicos clave. Los gigantes de la energía, por ejemplo, también son too big to fail, demasiado grandes para dejarlos quebrar. Generan sus ingresos gracias a la corriente eléctrica suministrada a los hogares. ¿Esta es razón suficiente para que, llegado el momento, debamos rescatar a empresas privadas como Suez-Electrabel1, que en tiempos normales – y a veces también en plena crisis – consiguen beneficios desproporcionados?

Bajo el capitalismo, el Estado es el siervo de las empresas monopólicas. Les ofrece sus ingentes beneficios en bandeja de plata. Y a cambio devuelven un plato lleno de enormes pérdidas. En un hogar normal nadie aceptaría esta situación. En el hogar del capitalismo, es lo normal. La sociedad socialista – que quiere establecer la propiedad pública sobre los sectores clave que impulsan la economía – es mucho más lógica, racional y más barata. Electrabel y sus consortes ya no tendrían derechos “naturales, inalienables”. Se convertirían en organismos públicos que servirían al interés público.

La única solución coherente para los sectores claves de la economía es “socializarlos”. La comunidad toma el control sobre ellos. Su objetivo ya no es maximizar los beneficios para los accionistas, sino organizar la pro- ducción de acuerdo a las necesidades de la sociedad, siguiendo un desarrollo planificado, respetando normas sociales y ambientales. Los ingresos procedentes de la producción luego revierten en la comunidad y también se pueden utilizar para satisfacer las necesidades públicas.

Cuando el Estado se convierte en el accionista mayoritario la “empresa pública” no puede seguir operando como una empresa privada compitiendo con otras en el mercado. Las empresas públicas no pueden funcionar como empresas privadas, con ejecutivos cobrando salarios exorbitantes, mientras en sus servicios auxiliares, por ejemplo, deben sobrevivir con salarios de miseria. No pueden ser dirigidas por burócratas o políticos, sino por personas que asumen un compromiso al servicio de la sociedad. No puede haber duda alguna sobre incompatibilidades y la transparencia debe ser expuesta en juntas públicas, cuyas reuniones puedan seguirse en los medios de comunicación o en Internet. Tiene que haber un control por parte de los trabajadores, los sindicatos y los usuarios.

La socialización es necesaria para cambiar la finalidad de estos sectores. El objetivo ya no es satisfacer a los accionistas con rendimientos económicos del 12 o el 13%. El objetivo es proporcionar un servicio público. Estos sectores son guiados por la sociedad y no por el lucro. En el caso del sector de la energía para proporcionar energía sostenible a la sociedad. En el caso del sector bancario para conceder crédito donde sea necesario, no para especular en el mercado de valores. Los sectores clave se convierten en organismos públicos que sirven a un propósito público y ecológico.

3.2. Sectores públicos para garantizar los derechos fundamentales

Una función esencial de una sociedad socialista es garantizar los derechos humanos fundamentales, tal y como se formulan, entre otros lugares, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, aprobada por las Naciones Unidas. Cuando existen derechos, también hay deberes. Algunos deberes incumben a la sociedad, otros a los ciudadanos. El socialismo 2.0 debe garantizar los derechos básicos de todos los ciudadanos y el ciudadano debe respetar y proteger los bienes públicos. El Estado debe velar por que los sectores sociales esenciales estén estructuralmente fuera de las manos del mercado. Porque el mercado no persigue el bien común, sino el máximo beneficio para los accionistas, que es algo completamente distinto. El mercado no funciona pensando a largo plazo, sino que lo hace al ritmo de las reuniones trimestrales de la junta de accionistas.

Lo vimos durante la liberalización de los mercados de energía, telecomunicaciones y bancos en los años 90, que prepararon su posterior privatización. Y vemos que lo mismo sucede con la liberalización postal y de los ferrocarriles (en el año 2000), como paso previo a la privatización. En la Comisión Europea, algunos están proponiendo liberalizar también el cuidado de ancianos, de los niños, la salud, el agua y otros sectores. Los argumentos se repiten: es mejor para los ciudadanos, aumenta la eficacia y es mejor para los trabajadores de esos sectores. Y una vez tras otra sucede justo lo contrario: los precios aumentan, el sector es menos accesible para los ciudadanos, más ineficiente y peor para sus trabajadores.

El mercado no sirve al interés general, sino que está, por su propia naturaleza, guiado por el lucro privado. Ensancha la brecha entre ricos y pobres. Si queremos que se cumplan los derechos sociales básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la sociedad tendrá que asumir en sus manos estos sectores sociales, para asegurar la atención a la salud, la educación y la enseñanza, un alojamiento confortable, un transporte público y servicios sociales. No sobre el papel, sino en la realidad. Todas estas áreas pasan a ser sectores sociales, bajo control público.

La función básica de un servicio público es proporcionar servicios a la comunidad. Los servicios públicos basan su acción en el “valor de uso” (la utilidad para el ciudadano) y no en el “valor de cambio” (la cantidad de dinero que pueden aportar) determinado por el mercado. Se puede decidir, por ejemplo, ofrecer algunos bienes y servicios más baratos que el costo real de su producción, porque sirven para garantizar las necesidades básicas de la población. La sociedad tiene el monopolio de la producción de estos bienes y servicios. La población puede disfrutar cada vez de más del “ingreso socializado”, es decir, de la parte de la riqueza que todos producimos y que se reinvierte en los servicios colectivos y públicos accesibles a todos de manera gratuita o muy barata. La sociedad se organiza para garantizar de manera estructural los derechos fundamentales.

Las guarderías, escuelas, bibliotecas, paradas de autobús, oficinas de correos, la recolección de basura, piscinas, electricidad, finanzas: en una sociedad socialista del siglo 21, los servicios prestados por la sociedad determinan una gran parte de nuestra vida cotidiana. Unos servicios públicos modernos son una piedra angular del socialismo 2.0. Deben garantizar la igualdad de los usuarios y la proximidad. Estar bien distribuidos por todo el territorio y con las mismas tarifas estándar2 tanto para las zonas densamente pobladas como para las zonas menos pobladas. Los servicios públicos deben garantizar la participación de los usuarios, del personal y los sindicatos para luchar contra la burocracia y trabajar con eficacia. Las organizaciones de consumidores y los grupos ecologistas pueden jugar un papel importante en esta área. Es necesario el derecho a la iniciativa: el derecho a incluir puntos en el orden del día, organizar auditorías y sesiones participativas. Los servicios públicos son un elemento esencial de la estructura social de la comunidad. Permiten el encuentro y el contacto entre las personas de los barrios. Garantizan la continuidad de los servicios a largo plazo, porque el interés general prevalece sobre el beneficio. Por eso los servicios públicos deben recibir recursos suficientes para prestar un servicio rápido y de calidad, con los recursos tecnológicos más avanzados.

3.3. Patrimonio, saber y desarrollo común

Las principales formas de riqueza nos pertenecen a todos, son bienes públicos que deben ser preservados activamente y gestionados en interés de todos. El aire que respiramos, el agua dulce, los océanos, la biodiversidad, la atmósfera, deben ser protegidos contra la destrucción, la contaminación, la acidificación, el agotamiento de los recursos y el calentamiento global. Pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Tenemos que organizar la producción y la actividad humana para que no conduzcan al desgaste del medio ambiente.

Los recursos naturales y el subsuelo deben convertirse en propiedad colectiva. Para poder gestionarlos y explotarlos sabiendo que estos recursos naturales no son ilimitados y conociendo plenamente los efectos secundarios dañinos. Es el requisito previo para garantizar el principio de precaución en su utilización, algo imposible cuando estos recursos son explotados por los monopolios privados de materias primas y alimentos. Esto debería ayudar a prevenir y limitar los daños, preservar lo más posible las capacidades de regeneración de la naturaleza y remediar los daños ambientales. La sociedad debe gestionar la tierra como un buen padre de familia, decía Marx, con el fin de transmitir la tierra en las mejores condiciones posibles a las generaciones futuras.

La comunidad también debe poder decidir sobre el uso y desarrollo del conocimiento y la ciencia y su transformación en tecnología y productos útiles. En efecto, la ciencia puede utilizarse tanto para producir armas de guerra cada vez más sofisticadas6 como para desarrollar sistemas económicos sostenibles. La investigación científica básica actual está básicamente en manos públicas y colectivas, pero la investigación científica aplicada y sus aplicaciones tecnológicas están fundamentalmente en manos de empresas privadas, en ocasiones apoyadas por subvenciones del estado y universidades. La comunidad debe tener el control de la investigación, de los resultados y de las aplicaciones prácticas provenientes de estas investigaciones científicas, con el fin de tomar decisiones útiles desde el punto de vista social y ecológico.

Hoy ocurre todo lo contrario. Los derechos de propiedad intelectual, ferozmente defendidos por las grandes empresas, impiden el uso colectivo de nuevos productos e inhiben el desarrollo de la tecnología. Los resultados científicos son prisioneros de las patentes y licencias y por tanto es difícil generalizarlos a gran escala, o probar y mejorar los modelos existentes por investigadores a en otros lugares del mundo.

Una sociedad sana y gestionada de forma racional reconoce que los recursos naturales del planeta y el conocimiento acumulado por la humanidad representan un patrimonio colectivo común. Y nadie tiene el derecho de monopolizar este patrimonio colectivo por la sed de obtener beneficios a corto plazo o por el interés personal. El patrimonio cultural debe ser protegido y ser una propiedad colectiva. Monumentos, parques y edificios históricos pertenecen a la comunidad y no pueden estar en manos privadas. El patrimonio cultural también debe ser de libre acceso para todos.

Notas

  1. Oligopolio belga del sector eléctrico. Similar a Endesa, Iberdrola, Gas Natural…
  2. Tarifas estándar, fijas e idénticas para todos.