1.3. La lucha por los derechos democráticos

Los derechos sociales y democráticos: resultado de la acción colectiva

Se necesitaron dos huelgas generales (1886 y 1887) para prohibir el trabajo infantil e imponer el pago de salarios en efectivo. Tres huelgas generales (1893, 1902 y 1913) para sustituir el sufragio censitario por el sufragio universal (para los hombres). Después de medio siglo de lucha el artículo 310 que prohibía la huelga es derogado tras la Primera Guerra Mundial (1921). Los piquetes pasaban a ser legales. La gran huelga general de 1936 consiguió el salario mínimo y las vacaciones remuneradas. Y después de 4 años de lucha antifascista, la seguridad social se introdujo a finales de 1944 con el seguro de pensiones, de salud y discapacidad, de desempleo, las asignaciones familiares y la paga de vacaciones.

Todos los derechos sociales y democráticos han sido adquiridos principalmente a través de la acción colectiva de los trabajadores. Fueron arrancados a la clase dominante por el movimiento obrero organizado. Ya en 1954 un estudio realizado por el profesor Jan Dhondt demostró que el mayor progreso social en nuestro país se obtuvo “bajo la presión de la voz enérgica de la opinión pública y no por el efecto de las elecciones o el parlamento.” La lucha por la defensa de los derechos democráticos es fundamental. El derecho de huelga y de manifestación, la libertad de opinión y la libertad de asociación son esenciales para la defensa de los derechos sociales y para la democracia misma.

Al mismo tiempo, todas las conquistas democráticas y sociales tienen dos aspectos. Por un lado, son el resultado de la lucha de los trabajadores, por el otro, son una concesión de la clase dominante preocupada “por evitar lo peor.” Nunca se conquistó nada sin lucha, espontáneamente, por sí mismo. El historiador Gita Deneckere escribió: “La restauración del orden público nunca pudo imponerse sólo mediante las armas, también se hicieron concesiones para dominar los problemas que habían surgido y para garantizar la paz.” En el capitalismo, las conquistas no están “aseguradas” de una vez y “para siempre”. Están bajo la continua amenaza del capital, en su afán de lucro y de beneficios extra y dependen en última instancia de la correlación de fuerzas entre el trabajo y el capital.

Durante los últimos treinta años estas relaciones de poder han cambiado profundamente. Después de la crisis de 1973 se experimentó la reacción agresiva de los Chicago boys que con Reagan y Thatcher dirigieron al capitalismo hacia una especie de terapia de choque, conocida como neoliberalismo. Esta terapia se fortaleció tras la derrota de la Unión Soviética y el socialismo en Europa del Este y la proclamación de la victoria final del libre mercado. Por último, el neoliberalismo se ha reforzado aún más porque la socialdemocracia ha adoptado felizmente su discurso. Después de Reagan llegó Clinton; después de Thatcher, Blair; después de Kohl en Alemania, Schröder y apenas hemos notado la diferencia. La socialdemocracia ha adoptado el mercado y recogido sin vergüenza la bandera del desmantelamiento neoliberal. En Bélgica los partidos socialdemócratas también han participado sin rubor, desde hace 25 años, en la privatización de las empresas públicas, en los recortes en la seguridad social y en destrozar los derechos sociales. Todo esto ha cambiado el equilibrio de poder en favor del capital en las últimas tres décadas, dando lugar a la reapertura de la caza a las principales conquistas sociales y democráticas.

En cuanto a los derechos democráticos, hay que añadir un cuarto elemento: los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las torres gemelas de Nueva York. La “guerra contra el terror” que siguió ha brindado al establishment de EEUU la excusa perfecta para que todo el mundo sea sospechoso, para organizar la vigilancia a gran escala entre la población y para fortalecer el aparato represivo.

En Europa la “seguridad interior” también es un tema dominante para la lograr el apoyo de la población a la restricción de las libertades. También se ha utilizado ese tema para crear un clima de ansiedad y para desarrollar una nueva estrategia del “divide y vencerás”. Los musulmanes y las personas de ascendencia árabe de repente se convirtieron en sospechosas. Una religión, el Islam pasa a identificarse cada vez más con una posible amenaza terrorista. Es la “islamofobia”. El racismo ha recuperado mucho terreno. La discriminación por motivos de origen, religión u orientación sexual se han convertido una vez más en algo común. Los recientes ataques de ciudadanos europeos con simpatías fundamentalistas – adoctrinadas o no en el extranjero – amenazan con acentuar aún más el síndrome de la seguridad, con consecuencias perjudiciales para los derechos democráticos. A partir de 2015, el ejército volvió a entrar en nuestras principales ciudades.

El ataque contra los sindicatos

Hace mucho tiempo en Bélgica estaba prohibido salir a la calle con una bandera roja, celebrar el 1 de mayo, formar “coaliciones” (sindicatos). Entre 1830 y 1867, no menos de 1.500 trabajadores fueron enviados a la cárcel por hacer huelga. Podían perder todo: salarios, alimentación, la salud e incluso la vida. Sin embargo, hubo una gran resistencia colectiva. Inicialmente mediante huelgas de hambre, ocupaciones colectivas de tierras expropiadas, destrucción de máquinas, incendios y saqueos de las mansiones de los patronos. Pronto siguieron peticiones, demandas inmediatas, marchas, mítines, manifestaciones y huelgas generales.

En Bélgica el artículo 310 del Código Penal preveía penas correccionales para “cualquier persona que, a través de manifestaciones cerca de las escuelas, o centros de trabajo… vulnere la libertad de los maestros o los trabajadores.” El artículo perseguía sobre todo los piquetes en las huelgas. Se tardó más de medio siglo de lucha en conseguir su derogación. El tan odiado artículo 310 fue derogado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el movimiento revolucionario se desarrollaba en Europa con las Repúblicas de consejos de Hungría, Austria, Alemania e Italia y la Revolución de Octubre en Rusia. Ahora los trabajadores tenían el derecho a dejar de trabajar juntos y defender colectivamente sus intereses. Después de la Segunda Guerra Mundial, este derecho se ha confirmado en una serie de tratados y leyes internacionales, europeas y nacionales. El derecho de huelga también implica el derecho a tomar medidas para que la acción colectiva sea exitosa: piquetes, incluso en terrenos de la empresa, ocupaciones y huelgas de solidaridad. Y los jueces no pueden interferir en estos conflictos.

La contra-ofensiva de los Chicago boys tenía como objetivo desde el principio romper este contrapoder sindical. Reagan y Thatcher sabían muy bien que si derrotaban el poder de los sindicatos también romperían la columna vertebral de la clase obrera. Amordazar a la fuerza la resistencia más grande en la sociedad dejaría el camino libre por completo para cambiar el equilibrio de poder entre el trabajo y el capital. Thatcher introdujo una prohibición total de la acción solidaria, incluso en caso de cierres patronales. Se prohibieron las acciones de apoyo a otras huelgas, incluso en empresas del mismo grupo. Se hizo obligatorio proporcionar una lista de participantes en la huelga. Disminuyeron los beneficios sociales a los miembros de las familias de los huelguistas. Los miembros de la familia en “huelga ilegal” ya no recibían subsidio alguno. Una vez que se rompió el poder de los sindicatos, no había freno para el incremento de la desigualdad en la distribución de la riqueza producida. Tanto la brecha de ingresos como de fortunas se agrandó.

El ataque contra los sindicatos se acompañó de una ofensiva ideológica organizada. Romper el “tabú” de los logros y conquistas sociales y democráticas era algo “progresista”, mientras que la defensa de la fortaleza de la organización y el poder colectivo de la clase obrera eran tildados de “conservador”. Este tipo de lenguaje ofensivo se desarrolla estratégicamente en todo tipo de think tanks 1 neoliberales. La polarización contra los acuerdos interprofesionales y sectoriales (gracias a los cuales los sectores más combativos empujan hacia arriba las condiciones del resto), en contra de la gestión paritaria de las instituciones que se encargan las cotizaciones sociales de los trabajadores (como la Oficina Nacional de Empleo), en contra de la los servicios sociales prestados por sindicatos (como el pago de las prestaciones por desempleo) y en contra de las huelgas calificadas como “políticas” (huelgas contra las medidas del gobierno), todas ellas forman parte del mismo ataque. El objetivo es crear un estado de opinión favorable para instaurar la personalidad jurídica de los sindicatos, con el fin de arrastrarlos a los tribunales y destrozarlos legalmente.

La Nueva Derecha quiere explotar la democracia formal – el resultado electoral – contra la democracia dinámica que se construye en la correlación de fuerzas de la acción social. Bajo dicho modelo, todas las asociaciones están en el punto de mira: organizaciones ecologistas, asociaciones culturales, grupos de acción local, comités de mujeres, organizaciones juveniles, trabajadores sociales, asociaciones de lucha contra la pobreza, etc. La clase dominante quiere romper la autonomía y la combatividad de las asociaciones emancipadoras para integrarlas plenamente en el sistema o hacerlas inofensivas como instituciones puramente caritativas.
En toda Europa vemos una ofensiva similar. Proyectos de servicios mínimos en los servicios públicos, multas coercitivas impuestas a los huelguistas en los piquetes. Se habla de la prohibición de los bloqueos en los puertos y polígonos industriales. La Unión Europea intenta colocar la libertad de circulación de servicios (que causa, entre otras cosas, el dumping social) como un derecho superior al de huelga. En España, duramente golpeada por la crisis del euro, el número de manifestaciones se ha multiplicado por diez en diez años. En respuesta, el partido de derechas PP (Partido Popular) aprueba en el parlamento a finales de 2014 una ley que limita el derecho de manifestación y prevé multas de hasta 600 000 € por participar en manifestaciones no autorizadas. Esto demuestra hasta qué punto temen la nueva resistencia que se está desarrollando en toda Europa.

Justicia de clase

No sólo los sindicatos, también los jóvenes están cada vez más en el punto de mira. En el área policial de Westkust (en la costa belga), se introdujo el enfoque “Very Irritating Police” (policía muy irritante): los agentes tienen el papel de hostigar mediante intervenciones a jóvenes supuestamente “molestos”. Cada vez más, se invocan “molestias” para disciplinar a los jóvenes mediante la imposición de sanciones administrativas municipales (SAC). La molestia es un concepto muy amplio. El que lanza bolas de nieve o confeti, el que saca la bolsa de basura en el día equivocado o quien come un bocadillo en la vía pública. Todos ellos pueden ser multados. Los más afectados por este sistema son los más jóvenes que aprovechan al máximo el uso del espacio público, ya que tienen menos espacio en su entorno familiar. Detrás de estas sanciones administrativas yace una ideología conservadora normativa. Se trata de disciplinar a los excluidos y a la mayoría de las personas afectadas por la crisis. Ya no se emplea a los guardianes de la paz en ayudar a los ancianos a subir al tranvía o autobús, sino en multar a los jóvenes. Allí donde la prevención  estaba asegurada gracias a las tutorías, el apoyo escolar, el deporte y la cultura accesible, la clase dominante está utilizando cada vez más represión, colocando en una esfera penal la llamada “conducta antisocial”.

Pero cuando se trata de los ricos, la clemencia hacia el comportamiento antisocial es inmensa. Los grandes defraudadores fiscales y financieros pueden comprar su conformidad. Sin juicio, sin prisión y sin antecedentes penales. Escapan del castigo mediante el pago de una parte de los impuestos que han robado a la sociedad. El que roba una manzana puede ir a la cárcel. El que roba miles de millones a la sociedad recibe una invitación a tomar el té con el Fiscal General para discutir “entre personas civilizadas” la cantidad que pagará para evitar antecedentes penales.

También los derechos de defensa están cada vez más amenazados. Para los ciudadanos de a pie, el coste del acceso la justicia es cada vez más alto. Los procedimientos acelerados socavan el derecho a un juicio justo, ya que conllevan el riesgo de que no se lleve a cabo una investigación seria y que la defensa no se pueda preparar con cuidado. A lo largo de Europa aparece una justicia a dos velocidades: cara, incapaz de proteger los intereses de los ciudadanos de a pie, pero siempre dispuesta a defender los intereses de la clase dominante. La justicia también es una torre de marfil, un mundo inalcanzable para los ciudadanos de a pie. Mucha gente siente cada vez más el carácter de clase de la justicia. El funcionamiento de la máquina judicial también es muy ineficiente.

El Big Brother contra el derecho a la privacidad

Llama la atención que ninguno de los partidos tradicionales lleve a cabo una lucha efi caz en defensa de la libertad personal y de la privacidad. Pero esta libertad personal es la base de otras libertades políticas. Tenemos derecho a tener una conciencia social, sindical y política sin ser vigilados constantemente. Pero hoy la clase dominante sacrifica el derecho a la privacidad, uno de los logros de la Revolución Francesa contra el absolutismo feudal, 2 para implementar dispositivos de control sin precedentes.

La Seguridad del Estado lleva a cabo cientos de operaciones secretas que van muy lejos: colocar cámaras en los hogares, crear empresas ficticias, entrar en los ordenadores personales o rastrear llamadas telefónicas. Hasta ahora sólo el poder judicial tenía esas competencias. Estos nuevos métodos de inteligencia no sólo se utilizan para combatir el crimen.

Conceptos que valen para todo como “radicalización” y “extremismo” permiten una aplicación política de nuevos métodos de inteligencia. De esa manera las autoridades utilizan Internet para reunir datos no sólo sobre delincuentes o terroristas, sino también de ciudadanos. Y sobre todo de ciudadanos socialmente activos. Sin apenas control del Parlamento. Hay muy pocas formas de proteger la privacidad. El capitalismo en crisis promueve una sociedad del Big Brother. Quien suprime la vida privada también suprime la libertad de pensamiento, la disidencia democrática y la creatividad. Esto no sólo tiene consecuencias políticas, sino un profundo impacto en el individuo.

La NSA (Agencia de Seguridad Nacional), la agencia de espionaje estadounidense utiliza a gran escala Google, Facebook, Microsoft y Apple para controlar todos los datos. En el sistema americano la intervención de las comunicaciones sólo estaba disponible bajo control judicial. Pero a raíz de la ley de 2008 sobre espionaje ya no es necesario el permiso judicial. Estados Unidos no sólo espía a sus “enemigos”, sino también a aliados como Alemania y Francia. Y para colmo, espía sin pausa los correos electrónicos de millones de ciudadanos. En nuestro país, la NSA espía además a todos los clientes de Belgacom bajo su supervisión y con su asentimiento.

La NSA y su socio más leal, el servicio británico GCHQ, no necesitan ninguna razón particular para recopilar todas las comunicaciones posibles. El hecho de que la gente se comunique es razón sufi ciente para ellos. Hace poco, Internet era un medio anónimo donde el anonimato estaba protegido. Hoy en día, Internet es vigilado a todas horas por monopolios gigantes como Google, Apple y Facebook y por parte de la autoridad pública para recoger todo tipo de datos personales. La “big data”, como se le llama, les permite mantener un ojo siempre vigilante sobre supuestos “contenidos radicales” y controlar políticamente nuestro comportamiento. Las verdaderas razones de este espionaje masivo son económicas y políticas. La información da el poder para controlar a la población…

Los Estados miembros de la Unión Europea dieron a sus policías la oportunidad de hacer uso de métodos especiales de investigación (MPR) y  métodos de inteligencia especiales (MSR) para la recolección de datos. Estas leyes dejan en papel mojado el respeto de la vida privada y transforman el principio básico de la justicia “todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario” en su contrario: “todo el mundo es potencialmente culpable, hasta que demuestre que no lo es”. En nuestro país, el gobierno de Di Rupo introdujo en agosto 2013 una ley que exige a las empresas de telecomunicaciones conservar durante un año los datos de comunicación (teléfono e internet) de todos los ciudadanos. En abril de 2014 el Tribunal Europeo de Justicia anuló la Directiva de la UE en la que se basa la Ley belga. Pero la ley todavía sigue aplicándose.

Al igual que en los Estados Unidos con su Consejo de Seguridad Nacional, en nuestro país se fundó un Consejo de Seguridad Nacional. Éste centraliza todos los servicios y los aspectos de seguridad e inteligencia. De ahora en adelante, no será la OCAM (Coordinadora de Análisis de Amenazas) la que decidirá el nivel de amenaza, sino el Consejo de Seguridad Nacional, los ministros del kern 3, Justicia y Defensa. Los objetivos con motivación política corren el riesgo sustituir al análisis objetivo.

En nombre de la lucha contra el terrorismo el ejército ahora se puede movilizar temporalmente para misiones de vigilancia en caso de amenaza a partir de un nivel de amenaza “grave”. La participación del ejército tiene un gran impacto en el estado de ánimo de la sociedad. La sensación subjetiva de inseguridad aumenta. Toda la población debe acostumbrarse a la presencia de militares. En caso de acciones sociales potentes, no está excluido que el gobierno utilice al ejército para mantener el orden. Y mientras aumenta el poder de los servicios de seguridad de la policía, la posibilidad de que los ciudadanos se opongan a posibles abusos se reduce.

Una guerra contra el derecho internacional y contra el derecho en sí

En los años posteriores al 11 de septiembre Estados Unidos sacó a cientos de personas de la cama, siendo arrestadas, detenidas sin cargos y deportadas sin más preámbulos a las cárceles especiales de la CIA que no están bajo jurisdicción de los Estados Unidos. Entre diciembre de 2001 y 2006 no menos de 1 080 vuelos secretos de la CIA surca ron el espacio aéreo europeo. La CIA traslada frecuentemente presuntos sospechosos a un destino secreto: los “black sites” (centros clandestinos de detención, “pozos negros”). Una directiva presidencial dio permiso oficial para apresar a ciertas categorías de sospechosos y detenerlos sin informar al público y sin revelar las circunstancias de su detención. En nuestro país seis vuelos de la CIA de este tipo transitaron entre otros por el Aeropuerto de Deurne (Amberes).

Los deportados están privados de cualquier derecho, no tienen acusación formal, están presos por tiempo indefi nido y carecen de asistencia legal.
Sin derecho a un juicio justo, a un procedimiento contradictorio, a la asistencia de un abogado, a acceder a su expediente o a contrastar las evidencias en su contra. Los cargos se basan en la información sin control de los servicios de seguridad. Y se abole sencillamente el principio fundamental del derecho por el que nadie puede ser privado de su libertad sin orden de un juez y sin derecho a recurso.

En los EEUU el servicio de inmigración tiene autoridad para detener durante 48 horas o por tiempo indeterminado a cualquier extranjero razonablemente sospechoso de actividades terroristas. El secreto en la relación confidencial entre abogado y cliente ya no está garantizado. Sus conversaciones pueden ser intervenidas. Se amplía la lista de delitos punibles con la pena de muerte. La ciudadanía de los habitantes de los Estados Unidos puede ser revocada y dichos ciudadanos pueden ser deportados si las autoridades “piensan” que son miembros de un grupo “terrorista” o le han proporcionado apoyo material. La Ley de Comisiones Militares de 2006 permite extraer confesiones de sospechosos terroristas con “técnicas de interrogatorio no ortodoxas”, como mantener a los detenidos despiertos, mantenerlos en posiciones incómodas, exponerlos al calor, agua y frío. Se legaliza la tortura. La Ley establece tribunales militares compuestos exclusivamente por jueces militares, la defensa está garantizada por abogados militares o abogados civiles escogidos que deben obtener una autorización especial. Trabajan con información y pruebas secretas que el abogado no puede comunicar a su cliente; gran parte de los delitos seleccionados son punibles con la pena de muerte.

Las fotos impactantes de Abu Ghraib (el campo de prisioneros de Estados Unidos en Irak) dieron la vuelta al mundo: una mujer soldado sonriente posa detrás de una pila de prisioneros iraquíes desnudos y prisioneros, esposados con la cabeza cubierta con un bolsa, torturados con electricidad, atacados por perros o golpeados. Lo que no se ve en las fotos son las torturas científicamente concebidas para llevar al límite de la asfixia. O la privación sensorial: métodos para impedir la audición (un ruido constante), la visión (con una bolsa en la cabeza o una máscara delante de los ojos), el tacto (cubriéndolo todo, incluso las manos) y el sueño. El llamado “interrogatorio mejorado”. Oficialmente, estos interrogatorios están al “límite de la tortura”; pero de hecho, son torturas. Son graves violaciones de la Convención de Ginebra, fi rmada para evitar la repetición de la barbarie y la tiranía del nazismo.

La invasión de Irak fue vendida a la opinión pública por el temor a la propagación de armas de destrucción masiva, que en realidad no existían. Esta invasión ilegal pisoteó conscientemente el derecho internacional. En el derecho internacional el “ataque preventivo” es sencillamente una guerra de agresión. Y desde Nuremberg es el crimen supremo: 4 un crimen contra la paz. En la invasión de Irak, hemos tenido de todo: crímenes de guerra, torturas, campamentos ilegales, uso de uranio empobrecido, fósforo blanco. Es una dominación abierta y brutal de los Estados Unidos.

La campaña de las grandes potencias capitalistas para lograr objetivos geopolíticos y controlar las materias primas crea una ausencia escandalosa de legalidad. El capitalismo deshumaniza la humanidad. Según el derecho internacional, es ilegal eliminar personas mediante drones en ausencia de un “conflicto armado”. Sin embargo, los aviones no tripulados atacan escuelas, bodas, objetivos civiles. Sólo en Pakistán, aviones no tripulados estadounidenses han matado a cientos de personas que no tenían nada que ver con la “guerra contra el terror” y no estaban en la “lista de personas a liquidar.” El bombardeo masivo de ciudades como Faluya o Sirte, la destrucción de la infraestructura civil (carreteras, ferrocarriles, puentes, universidades y hospitales), el atizamiento de guerras civiles sectarias y fanáticas, la eliminación de prisioneros fantasmas en prisiones, la tortura. El desprecio de la humanidad por el capitalismo gangrena a todo el planeta e inspira a las organizaciones terroristas como el Daesh (organización conocida como Estado Islámico) a acabar haciendo lo mismo.

Dividir para vencer: discriminación, racismo y extrema derecha

Por primera vez en la historia más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Las grandes ciudades han sido siempre las metrópolis de la renovación, cambian, crecen y son un crisol de variadas influencias internacionales. Este aspecto se ve reforzado por la internacionalización de la economía capitalista. Hoy en día la mayor parte de las ciudades tiene una diversidad considerable, con gente de todos los orígenes. La diversidad es la realidad y también una fuente de riqueza. El cambio y esta súper-diversidad también conllevan el desafío de establecer una vida común intercultural que pueda dar a luz a una nueva cultura común progresista que integre todos los aspectos avanzados de esta diversidad.

La gran mayoría de la población inmigrante está formada por asalariados que forman parte del mundo del trabajo. Son “doblemente explotados”: por una parte sufren discriminación sobre la base de su origen, color de piel o religión, en particular en el acceso al empleo, la educación o la vivienda y por la otra, injusticias sociales. La nueva derecha quiere vincular los derechos básicos a todo tipo de condiciones. El propio concepto de derechos básicos universales es puesto en tela de juicio. Estas condiciones afectan cada vez más a personas que, por diversas razones, deben sobrevivir con una ayuda. A las personas de origen extranjero a menudo se les exigen condiciones adicionales necesarias, como pruebas de idioma o los llamados cursos de integración. La injusticia social afecta a personas de cualquier origen. Pero la injusticia también está intensamente coloreada. En nuestro país, un tercio de los hijos de los trabajadores inmigrantes vive bajo la línea de pobreza. De todos los países industrializados (OCDE), Bélgica tiene el tercer peor resultado, apenas después de España y Estados Unidos. La tasa de empleo de las personas de nacionalidad no europea disminuyó en un 42,7%. Bélgica por lo tanto tiene el peor récord de los 28 Estados miembros de la Unión Europea.

La discriminación y el racismo afectan al conjunto del mundo del trabajo. Si un grupo de trabajadores no tiene los mismos derechos que los demás, deberán aceptar empleos en peores condiciones de trabajo y con salarios más bajos. Los salarios y las condiciones de trabajo del resto también se ven amenazadas. Europa utiliza la inmigración como arma en la lucha competitiva, basada en intereses puramente económicos y como punta de lanza en contra de las condiciones de trabajo y los salarios. La libre circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea y la posibilidad de que los nacionales de un Estado miembro trabajen en otro país en condiciones de seguridad social del país de origen (los trabajadores desplazados) conducen al dumping social. Algo frecuente en la construcción, el transporte o la limpieza. Las nuevas medidas antisociales se suelen preparar aplicándolas primero a trabajadores extranjeros. Ellos son, en efecto, más vulnerables.

La pobreza extrema, los desastres climáticos y las guerras empujan a la gente a abandonar su país y a buscar refugio en el lugar más seguro del mundo. Estos inmigrantes suelen ser utilizados como conejillos de indias para las medidas de emergencia: huellas dactilares generalizadas, detención durante meses sin haber cometido ningún delito punible; redadas, controles de identidad y detenciones masivas. La Unión Europea se ha transformado en una fortaleza, con medios militares que hermetizan las fronteras exteriores. Cada año, miles de migrantes arriesgan sus vidas intentando cruzar estas fronteras.

El gobierno federal ha reforzado significativamente las reglas para conseguir la nacionalidad belga. Las primeras víctimas son en su mayoría personas de bajos ingresos o de muy poca o ninguna cualifi cación, trabajadores temporales y desempleados. El demandante de ciudadanía ahora debe demostrar conocimiento (nivel A2) de las tres lenguas nacionales, así como su integración social y participación económica (con un diploma, conocimientos de idiomas, empleo…) El derecho a la reagrupación familiar (entre los esposos, entre padres e hijos…) se hace más difícil. Las personas sin papeles tienen cada vez más difícil regularizar su situación, incluso en casos de enfermedad grave, situaciones humanitarias excepcionales o fuertes lazos con Bélgica. Son perseguidos y deportados. Esta política mantiene a miles de trabajadores indocumentados en la ilegalidad y la inseguridad. Por eso están dispuestos a trabajar casi de forma gratuita en una variedad de sectores. La adquisición de la nacionalidad belga debe depender de criterios objetivos, pero la nueva ley es un obstáculo para los que viven en las condiciones más difíciles.

El racismo también es un instrumento político del método “divide y vencerás”. Enfrenta a los que tienen miedo de perder todo contra los que nada tienen. En 1993, Samuel Huntington, el hombre que asesoró al presidente Johnson durante la ocupación estadounidense en Vietnam, formuló el Choque de civilizaciones. El establishment norteamericano y la extrema derecha de todo el mundo han acogido con entusiasmo su planteamiento. En Bélgica Filip De Winter (Vlaams Belang) fue un fan desde el principio. Para olvidar la contradicción entre el trabajo y el capital, entre el imperialismo y la liberación nacional y entre los países socialistas y el imperialismo, Huntington lanzó la contradicción entre “Occidente”, el “Islam” y el “confucianismo”. 5

Esta revolución cultural de la nueva derecha 6está concebida y propagada con fines estratégicos. Para allanar el terreno ideológico a nuevas guerras y ocupaciones en Oriente Medio, se destacan las supuestas grandes diferencias de “identidad” entre “Occidente” e “Islam”. Para preparar al mundo para un ataque estratégico contra China, ya se prepara el terreno mediante la difusión de supuestas diferencias “culturales” entre “Occidente” y el “confucianismo chino”. Bajo este análisis se suprime la cuestión de los intereses económicos fundamentales, las clases sociales, el control de materias primas, la conquista de nuevos mercados o la expansión estratégica. El concepto de “choque de civilizaciones” también ha dado lugar a nuevos actos de violencia racista, como el asesinato de Luna Oulematou por Hans Van Themsche en Amberes en 2006 y la masacre de 77 jóvenes socialistas por Anders Breivik en la isla noruega de Utoya en 2011. Nuevos movimientos de extrema derecha en Alemania como Pegida ponen otra vez de actualidad viejas consignas de extrema derecha sobre “culturas antagónicas.”

Estos preocupantes acontecimientos en materia de derechos democráticos en Europa hace que sea especialmente peligroso el ascenso de partidos de extrema derecha. En Bélgica, Suiza, Italia, Dinamarca, Austria o los Países Bajos, los partidos nacionalistas, xenófobos, autoritarios participan o han participado en el poder. Otros están en el camino de llegar al poder, como en Francia. Los partidos tradicionales a menudo consideran que los partidos de extrema derecha, viejos o nuevos, son partidos respetables con los que se pueden tener relaciones normales. Si estos partidos llegan al poder van a buscar la manera de poner a su disposición todo un arsenal de leyes, estructuras policiales e instrumentos de control de la población. Si estas leyes y estructuras son utilizadas en su plenitud se convertirán en instrumentos para el ejercicio de una dictadura abierta contra el movimiento obrero y democrático. ¡No Pasaran!

Los derechos democráticos como trampolín

Los derechos democráticos y sociales que hoy conocemos fueron obtenidos a través de la lucha. Están constantemente bajo amenaza y cuanto más se profundiza la crisis, más va a querer limitarlos el poder establecido.

Queremos profundizar en los derechos democráticos y sociales, para que la clase trabajadora tenga más espacio y oportunidades para cambiar la correlación de fuerzas y llevar a cabo una lucha por el progreso social, una cultura rica, de solidaridad internacional, de paz y por un medio ambiente sostenible. Pero en la medida en que un pequeño grupo – la élite industrial, financiera y política – dirija la sociedad, los derechos democráticos nunca estarán definitivamente adquiridos y la democracia nunca será completa. Quedará sujeta a las limitaciones impuestas por el poder del dinero. Y con cada crisis los poderosos harán todo lo posible para quitar los derechos arrancados a través de la lucha. No sólo por razones económicas – para obtener más ganancias –, sino también por razones políticas, para debilitar la resistencia social.

Por eso cualquier lucha por los derechos democráticos básicos debe orientarse, desde el inicio, en una perspectiva amplia y a largo plazo: la de otra sociedad que no se base en el 1% de súper-ricos. Una sociedad del otro 99%. Una sociedad en la que por primera vez millones de trabajadores realmente tengan algo que decir sobre todas las cuestiones políticas y sociales fundamentales de su vida comunitaria: empleo, salarios, pensiones, educación, salud, vivienda, medio ambiente… Una democracia que garantice la igualdad real y la participación activa, que no saquee la naturaleza y que instaure nuevos valores culturales en la sociedad. Esa es nuestra ambición.

Notas

  1. La expresión think tanks (laboratorio de ideas), designa una institución privada, en principio independiente, sin ánimo de lucro, que reagrupa a expertos o profesionales encargados de reflexionar sobre cuestiones en el ámbito político, económico, tecnológico, social, etc.
  2. El feudalismo deriva del latin feudum, o «feudo» y describe el sistema que reinó en Europa desde el fin del imperio romano y el esclavismo hasta la Revolución francesa. El señor daba la tierra en uso a sus vasallos a cambio de servicio militar e impuestos. Los campesinos que vivían y trabajaban en dichas tierras estaban reducidos a la condición de siervos. Eran en cierta medida propiedad del terrateniente. El excedente del trabajo campesino iba a parar a los bolsillos de los señores feudales. La Iglesia también era un terrateniente más. Los campesinos no tenían derechos políticos. El estado feudal (reyes o emperadores, la nobleza y la Iglesia) ejercían el poder y oprimía a los campesinos.
  3. El Consejo de ministros restringido o kern (en holandés: kernkabinet) se reúne alrededor del Primer Ministro y todos los vice-primeros ministros del gobierno. 
  4. Proceso contra 24 criminales de guerra nazis que se desarrolló en 1945-46 en la ciudad alemana de Nuremberg. 
  5. Sistema ético y filosófico chino, elaborado por Confucio (551-479 aC). Cultivar los placeres interiores como la cortesía, la justicia, la confianza, el altruismo para el confucianismo son el fundamento del orden en la familia y en la sociedad. 
  6. Las teorías racistas y etnicistas hoy son remplazadas por teorías culturalistas e identitarias de extrema derecha, desarrolladas en los laboratorios del Instituto de estudios estratégicos de la Universidad de Harvard en los años 90. La versión europea fue desarrollada por al Nueva derecha en Francia que llamaba a una “revolución conservadora” contra el “dogma igualitario” y la “idea nefasta del multiculturalismo”. La Nueva derecha preconizaba un “enraizamiento” más profundo de los “pueblos europeos” en sus tradiciones y su cultura para preparar un “renacimiento cultural europeo”.